Gobierno argentino veta ley del Congreso sobre aumentos jubilatorios

Una mujer sostiene a su perro en brazos en una calle, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 25 de mayo de 2024. (Xinhua/Martín Zabala)

El Gobierno argentino, a cargo del presidente liberal Javier Milei, publicó hoy lunes un decreto del mandatario que veta un proyecto de ley aprobado por el Congreso que reformulaba el sistema de actualización de las jubilaciones y contenía aumentos para los pensionados.

La medida, que el jefe de Estado había anticipado días atrás y que fue motivo de críticas por parte de la oposición y organizaciones sociales, hace caer una iniciativa aprobada por el Senado el 22 de agosto que establecía una fórmula de reajuste mensual de las jubilaciones combinando el índice de inflación y la variación promedio de los salarios formales, junto con un ajuste extraordinario del 8,1 por ciento.

Entre los considerandos de la norma para justificar el veto, el Gobierno hizo hincapié en el gasto extra que implicaría para las arcas públicas la implementación de la ley.

"La administración de los recursos públicos debe ser realizada en forma responsable y conforme a los fines públicos y principios de buena administración", explica la norma, agregando que "la economía tiene reglas claras y la primera de ellas es que no se puede gastar más de lo que (se) ingresa".

El decreto, que lleva el número 782/2024, advierte que "dar cumplimiento a la medida sancionada por el Congreso de la Nación dificultaría gravemente la sostenibilidad de las finanzas públicas de la República Argentina, ya que significaría la necesidad de obtener una fuente de financiamiento extraordinaria, imprevista, a efectos de afrontar su costo, sea a través de deuda pública o aumento de impuestos".

El 23 de agosto, un día después de la aprobación de la norma por parte del Congreso, Milei disertó por el 140° Aniversario de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, unos 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, la capital del país, donde cuestionó la denominada Ley de Movilidad Jubilatoria.

Milei dijo ese día que la norma era un "disparate" perpetrado por "degenerados fiscales" y aseguró que el costo fiscal de la Ley de Movilidad Jubilatoria que votó el Congreso implicaría un gasto de 370.000 millones de dólares.

Milei admitió que su decisión "no es simpática", pero enfatizó que se trataba de una ley sin contrapartida de recursos, cuya financiación hubiera significado "tener un impuesto inflacionario, o tener el riesgo país por las nubes", condenando "a nuestros hijos, a nuestros nietos, y a las futuras generaciones, a vivir en una situación miserable".

El mandatario aseguró que "la casta política quiere romper el equilibrio fiscal" y calificó a la reforma previsional votada el 22 de agosto como un "acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia" sustentado en "mentiras sobre las que se apalancaron" los legisladores.

"Desde que nosotros llegamos al poder (en diciembre de 2023) las jubilaciones están un cinco por ciento arriba, le ganaron a la inflación", añadió el mandatario, para quien "la mejor política social es bajar la inflación".

La decisión de Milei se enmarca en un contexto económico desafiante para Argentina, la tercera economía de América Latina, después de Brasil y México.

La economía de la nación sudamericana cayó un 3,9 por ciento interanual en junio y acumuló en el primer semestre del año una contracción del 3,2 por ciento, según informó el 21 de agosto pasado el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a lo que se suma una inflación acumulada de un 87 por ciento entre enero y julio.

De acuerdo con la prensa local, alrededor del 65 por ciento de unos 6,5 millones de pensionados percibe cada mes una jubilación de 225.454 pesos (unos 236,54 dólares).

En paralelo al decreto de veto, el Ejecutivo publicó otro, que lleva el número 783/2024, actualizando los haberes de los jubilados, con una mejora prevista de un 4,03 por ciento y un bono extraordinario de 70.000 pesos (unos 73,44 dólares).

La Constitución Nacional de Argentina autoriza al presidente al veto total o parcial de una ley, pero el Congreso puede superar ese veto volviendo a someter a votación el proyecto y obteniendo el voto afirmativo de los dos tercios de ambas Cámaras legislativas (Senado y Diputados).

La semana pasada, más de 2.000 jubilados marcharon desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno, en el centro de Buenos Aires, para pedir que el presidente no hiciera uso del poder de veto.

En tanto, durante el fin de semana se lanzó a través de las redes sociales una campaña para juntar un millón de firmas en rechazo al veto gubernamental.