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Bolivia acelera importación de combustibles con nuevo decreto para aliviar al sector productivo
El Gobierno boliviano informó hoy jueves que se aprobó el Decreto Supremo 5218, que reduce drásticamente los plazos para la importación directa de combustibles, con la finalidad de garantizar el abastecimiento y aliviar la presión sobre el sector productivo del país.
La medida, anunciada en conferencia de prensa por el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, permitirá que empresas agropecuarias, mineras y de construcción importen combustibles esenciales como el diésel en un plazo de cinco a 10 días, cuando anteriormente el proceso tardaba hasta un año.
El decreto simplifica los requisitos técnicos y legales para las importaciones, lo que significa que los trámites ahora serán mucho más rápidos, explicó Gallardo.
Una de las principales modificaciones es la flexibilización en la presentación del certificado de calidad, que antes debía ser entregado en su versión original, pero que ahora podrá ser presentado con una copia legalizada o mediante firma digital.
La medida ha sido recibida con optimismo por las empresas del sector productivo, que desde hace tiempo enfrentan problemas para acceder a combustibles en tiempos adecuados.
Actualmente, nueve empresas, entre ellas agropecuarias y mineras, ya están importando combustibles bajo el nuevo marco legal.
Esto ha liberado 13.500 metros cúbicos de diésel, lo que equivale aproximadamente al consumo mensual del departamento de Oruro, según informó el ministro.
Con esta política, el gobierno espera que el suministro de combustibles, especialmente diésel, se estabilice, lo que aliviará a sectores estratégicos de la economía que dependen del combustible para mantener sus operaciones.
"Vamos a poder dar un mejor servicio a todas las empresas productivas del país y de esa manera generar sinergias para que podamos garantizar el abastecimiento de combustibles", añadió el ministro.
La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Luis Arce para reactivar la economía boliviana y garantizar la estabilidad en la cadena de suministros energéticos, que ha enfrentado desafíos en los últimos meses.
