Finaliza plazo del esquema de metas en marco de programa financiero entre Argentina y FMI

El plazo de metas cuantitativas contemplado en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) entre el Gobierno de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluye hoy lunes luego de dos años y medio desde la puesta en marcha del programa financiero.

La finalización del período para lograr los objetivos contenidos en el EFF que fue convenido en marzo de 2022, centra la atención en los resultados fiscales y de acumulación de reservas del país suramericano en medio de las severas políticas de ajuste llevadas adelante por el Gobierno del presidente Javier Milei.

El Directorio del FMI aprobó en junio pasado la octava revisión técnica del programa con Argentina correspondiente a las metas del primer trimestre, pero aún no ha dado un aval sobre el cumplimiento de los objetivos del segundo trimestre que formarían parte de la novena y penúltima revisión.

El ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anticipó recientemente que en los diálogos con el FMI buscarán unificar la novena y décima (última) revisión trimestral por parte del organismo multilateral, luego de que se observen los resultados fiscales y de reservas de fines de septiembre, con lo cual el país podrá acceder a un desembolso por unos 1.100 millones de dólares.

El titular de la cartera económica había expresado que estos fondos "los usaremos para recomponer las reservas y el balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA)".

Desde el Gobierno aseguran que los objetivos contenidos en el EFF se han cumplido, aunque analistas económicos manifiestan dudas sobre la capacidad del Ejecutivo de cumplir con las metas relacionadas a la acumulación de reservas internacionales.

A partir de la finalización del plazo de este esquema, mediante el cual el Gobierno argentino obtuvo desembolsos destinados a saldar los compromisos contraídos con el FMI en el marco del anterior programa del 2018, la próxima etapa corresponderá la devolución de unos 44.500 millones de dólares que el Estado deberá saldar entre los años 2026 y 2032.