Justicia boliviana dicta cárcel preventiva contra nueve manifestantes que enfrentaron a la Policía en bloqueo

La Justicia boliviana ordenó este lunes la detención preventiva de nueve personas involucradas en el violento bloqueo de Parotani, en el departamento central de Cochabamba, quienes enfrentaron a la Policía con explosivos en un intento de mantener cerrada la carretera.

En una audiencia que se extendió por más de ocho horas, el juez encargado del caso dispuso que los detenidos sean trasladados a los centros penitenciarios de San Pedro de Sacaba y San Pablo de Quillacollo, ambos en Cochabamba.

"El juez ha dispuesto la detención preventiva de nueve imputados, una parte en San Pedro de Sacaba y la otra, en San Pablo de Quillacollo", informó Wilder Rivera, abogado de uno de los acusados.

Durante el operativo de desbloqueo el pasado viernes, unos 50 manifestantes, seguidores al expresidente Evo Morales, respondieron a la intervención policial detonando explosivos y respondiendo con objetos contundentes, lo que dejó 14 policías heridos, uno de ellos en estado crítico con lesiones graves en una pierna.

La fiscal del caso, Jenny Sánchez, formuló la imputación por múltiples cargos, entre ellos, fabricación y posesión de explosivos, y atentados contra la seguridad de medios de transporte, delitos que pueden acarrear condenas severas, debido al impacto sobre la infraestructura y la circulación de bienes.

Este enfrentamiento puso en evidencia las crecientes tensiones en el país, en las que el uso de la fuerza y las medidas extremas en bloqueos carreteros están afectando la economía y generando sobrecostos para el transporte de mercancías.

Adicionalmente, 37 personas vinculadas a un bloqueo en el puente de K'ora, en el mismo conflicto, recibieron medidas sustitutivas tras otra extensa audiencia la noche del domingo.

Los procesados deberán presentarse periódicamente para control y cumplir con un arraigo, además de pagar una multa de 1.000 bolivianos (unos 144 dólares).

El abogado defensor de este grupo, Hugo Mariscal, afirmó que no se presentaron pruebas concluyentes sobre la posesión de armas o explosivos, por lo que anunció una apelación para lograr el cierre del caso.

La Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Justicia también se constituyeron como denunciantes, fortaleciendo el peso de la acusación contra las manifestaciones violentas.