Abogacía General de Brasil solicita que Corte Suprema obligue a plataformas digitales a detener difusión de noticias falsas

La Abogacía General de la Unión (AGU) de Brasil solicitó hoy lunes al Supremo Tribunal Federal (STF) una decisión urgente para obligar a las plataformas de redes sociales que operan en Brasil a detener la difusión de noticias falsas y prevenir la violencia digital.

La AGU argumentó que la medida urgente es necesaria dado la "continua conducta omisiva de los proveedores de aplicaciones de internet a la hora de eliminar y monitorear eficazmente los contenidos mencionados, en desacato a los deberes de prevención, precaución y seguridad".

La petición apunta a los últimos episodios de fraude relacionados con la Operación Sin Descuento, que investiga los descuentos indebidos realizados por asociaciones en las pensiones que abona el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Un estudio de la biblioteca de anuncios de la empresa Meta, propietaria de las plataformas Facebook e Instagram, por ejemplo, identificó más de 300 anuncios fraudulentos que prometían falsas compensaciones del INSS, utilizando imágenes manipuladas de personajes públicos y logotipos oficiales.

Como en anteriores comunicados, la AGU sostiene que las empresas responsables de redes sociales que "promuevan, moderen o recomienden contenidos ilegales deben ser consideradas responsables con independencia de la notificación judicial".

La agencia mencionó un informe publicado por el diario estadounidense "The Wall Street Journal" el 15 de mayo, según el cual hubo "una deliberada falta de interés por parte de la empresa Meta en verificar los anuncios".

Según el informe, un análisis interno realizado en 2022 por la empresa descubrió que el 70 por ciento de los anuncios recientes en la plataforma anunciaban estafas, artículos ilegales o productos de baja calidad.

También según documentos internos, que el diario dijo haber analizado, Meta se ha mostrado reacia a retirar estos anuncios, ante el aumento de los ingresos publicitarios de la compañía, que superaron los 160.000 millones de dólares el año pasado.

De igual forma se mencionó que una cuenta fraudulenta podía acumular entre ocho y 32 infracciones antes de que una cuenta fraudulenta fuera expulsada de las plataformas de Meta.

La petición de la AGU se hizo en el marco de las causas en las que el Tribunal Supremo juzga la constitucionalidad del artículo 19 del Marco Civil da Internet.

La disposición establece que las empresas solo pueden ser consideradas responsables de las publicaciones de terceros en las redes sociales si existe previamente una orden judicial para retirar cada contenido específico.