Gobierno de Bolivia anuncia recorte de 30% al gasto fiscal

El Gobierno de Bolivia anunció este martes una reformulación integral del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026, que incluye un recorte al gasto fiscal de 30 por ciento, el mayor ajuste planteado por una administración boliviana en más de una década.

El presidente Rodrigo Paz Pereira presentó las primeras medidas económicas de su gestión junto con el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en una conferencia de prensa en la sede del Ejecutivo.

Argumentó que la decisión busca desmontar un esquema "excesivamente orientado al gasto" heredado del gobierno anterior y reorientar los recursos hacia inversión, estabilidad macroeconómica y eficiencia del aparato estatal.

La primera tarea será solicitar a la Cámara de Diputados la devolución del proyecto de PGE-2026, elaborado y entregado al Legislativo en las últimas semanas de la administración de Luis Arce, para revisarlo y reemplazarlo por un plan acorde con las nuevas prioridades fiscales.

"Vamos a reformular ese presupuesto que estaba pensado para el gasto y no para la inversión ni para beneficiar a los bolivianos", afirmó Paz Pereira, al señalar que el documento presupuestario contenía partidas "sin mayor justificación" que serán eliminadas en la nueva propuesta.

Por su parte, el ministro Espinoza precisó que el Ejecutivo incorporará en la nueva ley un artículo que permitirá revisar el presupuesto hasta febrero de 2026 bajo una regla estricta: reducir por lo menos un 30 por ciento del gasto fiscal, lo que obligará a una evaluación detallada de cada institución pública, sus partidas operativas y los programas vigentes.

Este trabajo "implica un proceso exhaustivo de revisión del gasto público y de reacomodo institucionales", añadió.

El Gobierno anunció además que las definiciones sobre el tipo de cambio del dólar, así como la nueva política de subvención a los carburantes, serán incorporadas en el PGE reformulado para enviarlo al Legislativo hasta febrero del 2026, con el objetivo de que entre en vigencia en marzo del próximo año.

La Constitución boliviana establece que la Asamblea Legislativa debe debatir, modificar o aprobar el presupuesto en un plazo máximo de 60 días desde su recepción. Si no lo hace en ese tiempo, el proyecto queda automáticamente sancionado. El Ejecutivo confía en que la devolución del PGE y su reescritura permitirán, por primera vez en años, "alinear el gasto público a la realidad económica del país".