Los Ocho Reglamentos y la Lucha Anticorrupción en China

Por Aymara Gerdel

Cada país tiene su propio sistema político, que puede entenderse como un ecosistema complejo con características únicas en un territorio determinado. En términos concretos, este sistema político está compuesto por una serie de estructuras, procesos, instituciones, normas y relaciones de poder que determinan cómo se adoptan las decisiones colectivas vinculantes en una sociedad. Entre sus componentes fundamentales se encuentran, la organización territorial del Estado, la forma de gobierno y el régimen político, hasta el sistema de partidos y sistema electoral, la cultura política y sus instituciones, así como sus mecanismos de participación. Para ilustrar un ejemplo clásico de dos sistemas políticos diferentes y contemporáneos, resulta emblemática la comparación entre el modelo estadounidense y el modelo de la República Popular China.

Estados Unidos adopta un sistema presidencialista dentro de un régimen de democracia liberal, donde el bipartidismo (dominado por Demócratas y Republicanos) frecuentemente deriva en la división de su gobierno. Este fenómeno, que ocurre cuando la Presidencia y el Congreso son controlados por distintos partidos, exige negociación continua y puede generar estancamiento legislativo. La cultura política estadounidense se caracteriza por su énfasis en el individualismo liberal.

Por su parte, China se rige por el liderazgo del Partido Comunista de China (PCCh), que articula y unifica todos los componentes de su sistema político bajo el marco del socialismo con peculiaridades chinas. Este modelo incorpora un sistema de cooperación multipartidista y mecanismos de consulta política, bajo la dirección del PCCh. Esta organización, garantiza la implementación coherente de sus políticas públicas en territorio nacional.

En el libro “The Political System”, el politólogo canadiense conductista David Easton argumentó que el sistema político es un marco analítico que procesa insumos a través de una entrada (en inglés, inputs), lo que refleja las demandas de una sociedad. Posteriormente, a través de un sistema conformado por instituciones gubernamentales, partidos políticos y burocracias, se encargan de transformar dichas demandas en salidas (outputs), que representan decisiones vinculantes de la sociedad y políticas públicas, con mecanismos de retroalimentación que lo hacen dinámico. Es decir, cuando la sociedad manifiesta demandas como la salud, la educación, la seguridad pública, la transparencia en la gestión de los asuntos públicos, la erradicación y prevención de la corrupción, la participación en el sistema político, el acceso a la información pública, etc., el sistema político, integrado por instituciones gubernamentales, partidos políticos y burocracias, debe convertirlas en políticas públicas que den una respuesta satisfactoria a la sociedad.

Desde la perspectiva sistémica de Easton, podríamos afirmar que: si un gobierno no es capaz de transformar las demandas de una sociedad en respuestas satisfactorias que cuenten con el apoyo ciudadano, entonces el sistema político entra en una situación de estrés o tensión que compromete su estabilidad y su continuidad.

En este contexto, la corrupción actúa como un factor crítico que distorsiona las demandas de la sociedad y su capacidad para generar respuestas satisfactorias, lo que debilita la legitimidad del Gobierno y erosiona el apoyo ciudadano. Por tanto, la lucha contra la corrupción es esencial en cualquier sistema político que busque garantizar su gobernabilidad y continuidad, así como el bienestar de la población y el desarrollo económico del país. En la historia contemporánea reciente, destacan algunos casos de corrupción que pueden servir de referencia para ilustrar cómo la corrupción ha comprometido la estabilidad y continuidad de sistemas políticos: el caso Watergate en Estados Unidos, donde la corrupción, el abuso de poder y el espionaje político provocaron la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en 1974. Entre muchos otros casos a nivel mundial, también cabe mencionar el caso de corrupción en Italia durante el Gobierno de Silvio Berlusconi, quien se vio obligado a dimitir tras múltiples procesos por soborno y fraude fiscal.

Frente a este desafío global, algunos países occidentales han desarrollado políticas públicas de lucha contra la corrupción en el marco de sus sistemas políticos. Estas políticas, con distintos niveles de eficacia, buscan alcanzar equilibrios institucionales mediante una combinación de marcos legales, participación ciudadana, cooperación internacional e innovaciones tecnológicas. Por su parte, China ha logrado integrar de forma sinérgica la lucha contra la corrupción en su sistema político mediante un proceso de reforma permanente de su sistema.

El Sistema Político Anticorrupción de China

Lin Shangli, destacado politólogo chino y exvicepresidente de la Universidad de Fudan, centra sus estudios en el sistema político chino y en la construcción del sistema anticorrupción del país. En un artículo titulado “Enfoque centrado en el partido: la construcción y el marco fundamental del sistema anticorrupción de China” sostiene que el sistema anticorrupción chino está estructuralmente anclado en el liderazgo del PCCh, por lo que no puede analizarse desligado de esa matriz institucional. Asimismo, Lin expone que el modelo anticorrupción occidental, basado en la separación de poderes y la participación ciudadana, puede generar ineficiencias que el modelo chino evita al integrar la lucha anticorrupción dentro del sistema político y su lógica de gobernanza.

Respecto a la eficacia del sistema anticorrupción chino, Lin también señala que la misma depende de la capacidad del PCCh para autorregularse o aplicar reformas, las cuales son claves para el funcionamiento del sistema. Entre las reformas más significativas aplicadas durante el gobierno del Presidente Xi Jinping, destaca los ocho reglamentos, adoptados poco después del XVIII Congreso Nacional del PCCh en 2012. Se trata de una reforma clave dentro de su sistema político anticorrupción.

Los Ocho Reglamentos

Wang Yiwei, profesor titular de la Cátedra Jean Monnet, director del Instituto de Asuntos Internacionales y director del Centro de Estudios Europeos de la Universidad Renmin, sostiene que los ocho reglamentos han saneado las filas de los funcionarios, reforzado la disciplina del partido y mejorado su imagen pública. Después de más de una década de esfuerzos constantes, los ocho reglamentos ya no son una “solución temporal”, sino un instrumento clave para gobernar estrictamente al PCCh en todos los aspectos. Wang afirma que la práctica de la aplicación de los ocho reglamentos ha evolucionado desde la atención a los síntomas hasta la resolución de las causas fundamentales.

De acuerdo a los datos oficiales del Buró de Estadísticas de China (NBS, por sus siglas en inglés), en la última década se ha incrementado significativamente el número de casos aceptados para investigación directa por parte de la Fiscalía Suprema Popular (FPS) por delitos de corrupción y soborno, malversación de fondos, abuso de poder y negligencia, así como otros delitos graves cometidos por personal de órganos estatales del gobierno chino. De tal forma, que la evidencia empírica muestra que los ocho reglamentos, han logrado materializar una reforma clave dentro del sistema político anticorrupción de China, esencial para garantizar la estabilidad, la gobernabilidad, el bienestar de la población y el desarrollo económico del país, así como para alcanzar básicamente la modernización socialista en 2035 a través de la digitalización de su modelo de gobernanza, y la aplicación de la IA en todos los ámbitos de su sistema político.

La autora es la Directora del Centro Venezolano de Estudios sobre China (CVEC).