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FMI condiciona desembolsos a Bolivia a eliminación definitiva de subvención a combustibles
El acuerdo de financiamiento suscrito entre Bolivia y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares incluye como compromiso la eliminación definitiva de la subvención a los combustibles, de acuerdo con el programa del organismo mundial divulgado hoy jueves por la prensa boliviana.
El programa del FMI incluye también la alineación en los precios internos de los combustibles con los internacionales a comienzos de 2027.
Establece que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira mantenga congelados los precios internos hasta finales de 2026 y luego avanzar hacia una convergencia con las cotizaciones internacionales, en línea con el Decreto Supremo 5652, que amplía por seis meses la estabilización de los precios y establece medidas para garantizar el abastecimiento.
El pasado 2 de octubre, el FMI aprobó un acuerdo a 36 meses por unos 1.900 millones de dólares para respaldar el Programa Económico Boliviano, mediante un primer desembolso inmediato por unos 214 millones de dólares.
El financiamiento está orientado a contribuir a la estabilización macroeconómica, la reconstrucción de las reservas internacionales y la reducción de las vulnerabilidades.
La hoja de ruta supone reducir a cero el costo de la subvención, estimada por el FMI en el 6,2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) boliviano en 2025.
El 19 de septiembre pasado, el Gobierno de Bolivia eliminó la subvención al diésel, al establecer un precio de 17,95 bolivianos (alrededor de dólar y medio) por litro, un valor sujeto a variaciones vinculadas con la cotización internacional del crudo, mientras que la gasolina aún mantiene el esquema de subsidio.
La medida alcanza también al gas licuado de petróleo (GLP), cuyo precio permanece en 22,5 bolivianos (menos de 2 dólares).
El retiro de los subsidios a los combustibles en Bolivia representa uno de los puntos más sensibles del programa de ajuste del Gobierno, ya que tiene un impacto de manera directa sobre el transporte, la producción y los servicios.
El propio FMI ha señalado que las subvenciones energéticas representan una carga fiscal significativa y que su eliminación debe acompañarse de mecanismos de protección para los hogares vulnerables.
