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Gobierno de Uribe presenta proyecto de referendo con oferta a grupos armados
El gobierno del nuevo presidente colombiano, Alvaro Uribe, presentó el miércoles al Congreso (Parlamento) un proyecto de referendo que incluye otorgar bancas legislativas a los grupos armados que se acojan a un plan de paz y, la disolución y reducción del Parlamento bicameral, informaron fuentes oficiales.
Según esas fuentes, el proyecto del "referendo contra la corrupción y la politiquería" fue radicado en la Secretaría del Congreso por el ministro del Interior y Justicia, Fernando Londoño. El texto propuesto por el Ejecutivo contempla que "con el fin de facilitar la reincorporación a la vida civil de los grupos armados ilegales que se encuentren vinculados a un proceso de paz, el gobierno podrá establecer, por una sola vez, circunscripciones especiales de paz o nombrar directamente un número plural de congresista en representación de esos grupos".
Uribe, durante la campaña, prometió combatir con mano dura a los guerrilleros izquierdistas y a los paramilitares de extrema derecha y dijo que, después está determinado a emprender un proceso de paz con esos grupos, con la mediación de la ONU y bajo la condición de que cesen los ataques.
La propuesta de Uribe también incluye la disolución y reducción del Congreso bicameral, de los 268 miembros actuales a 160, con el propósito de combatir la corrupción política y ahorrar gastos estatales.
Varios líderes del mayoritario Partido Liberal (PL) y aún de las huestes uribistas han rechazado la pretensión del mandatario electo de disolver y reducir el Congreso y han sugerido que, si éste insiste en esa iniciativa, promoverán un referendo para anticipar las elecciones presidenciales.
Uribe, disidente del PL, ha manifestado en varias ocasiones que no dará marcha atrás en su pretensión de sacar adelante la reforma política.
El presidente del Congreso, Luis Alfredo Ramos, defendió este miércoles la legitimidad de ese organismo, al dar posesión a Uribe, señalando que los legisladores están determinados a concertar la reforma política con el Ejecutivo, aunque actuando con independencia y autonomía.
La propuesta del Gobierno también contempla duras sanciones para los congresistas y funcionarios públicos corruptos, la eliminación de las contralorías departamentales y municipales, así como del servicio militar obligatorio, al que sugiere reemplazar por un servicio social obligatorio.(Xinhua)
8/8/2002
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