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Perú presentó a Japón pedido de extradición de Fujimori
 Perú presentó a Japón pedido de extradición de Fujimori
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El Perú presentó formalmente al Japón el pedido de extradición del depuesto mandatario Alberto Fujimori (1990-2000), confirmaron esa noche los ministros peruanos de Relaciones Exteriores, Allan Wagner, y de Justicia, Fausto Alvarado, en la sede de la cancillería.
Wagner refirió que el embajador del Perú en Tokio, Luis Macchiavello, hizo entrega el 30 a la cancillería japonesa de una nota diplomática, donde se resumen los cargos imputados, y la fundamentación, debidamente traducida al idioma japonés, del delito de lesa humanidad que contemplan tanto los códigos penales del Perú como del Japón.
Agregó que el cuadernillo de extradición contiene indicios razonables de crímenes de lesa humanidad supuestamente cometidos por el grupo paramilitar "Colina" con órdenes de Fujimori, en los casos de del vecindario Barrios Altos, donde murieron abaleadas 15 personas, entre ellas un menor de edad, y en la desaparición forzosa y muerte por disparos de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Pedagógica La Cantuta, en la Capital peruana, ocurridos en 1991 y 1992, respectivamente.
Wagner y Alvarado indicaron que existen tres elementos fundamentales en la solicitud de extradición de Fujimori: existencia de indicios razonables de responsabilidad en los delitos; doble incriminación (los cargos imputados figuran en los códigos penales de ambos países); y, la garantía de un debido proceso al inculpado, en los parámetros de un Estado de Derecho y de la Convención Interamericana de Justicia.
El canciller peruano exhortó al gobierno japonés que "en mérito a su tradición jurídica, resuelva el pedido a la brevedad del caso y que Fujimori se presente ante la justicia peruana", agregando que "la condición de Fujimori es de un fugitivo de la justicia y no de un perseguido político".
Por su parte, el ministro de Justicia recalcó que en el caso de Fujimori, por haber asumido la investidura presidencial, se ha seguido con el ordenamiento nacional, es decir, un antejuicio en el Congreso con derecho de defensa del inculpado; la denuncia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que encontró indicios razonables de culpabilidad; y, que el delito por el que se acusa está contemplado en el país solicitación y el país extraditable, además en convenciones y tratados internacionales en la materia.
Respecto al tiempo que podría demandar el trámite, Wagner y Alvarado consideraron que eso correspondería al Japón, pues la cancillería nipona deberá enviar el documento al Ministerio de Justicia y éste, de así considerarlo, al Poder Judicial japonés, que se pronunciará jurídicamente, aunque reconocieron que "la última palabra finalmente la tiene el gobierno del Japón".
De acuerdo con la opinión de algunos expertos en Derecho Internacional, se presagia una larga batalla jurídica entre Lima y Tokio, ya que Fujimori goza de la nacionalidad japonesa por sus ancestros.
El depuesto mandatario se autoexilió en Japón en noviembre de 2000, desde donde envió al Congreso peruano por fax su renuncia a la investidura presidencial, dos meses después que estallara un grave escándalo de corrupción político que significó el inicio del fin de su tercer régimen constitucional consecutivo. (Xinhua)
31/07/2003
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