Garantía judicial de los derechos humanos
Desde 1979, la Asamblea Popular Nacional y su Comité Permanente han aprobado 351 leyes y decisiones sobre asuntos legales. El Consejo de Estado ha formulado más de 800 reglamentos administrativos, y las asambleas populares locales y sus comités permanentes han adoptado más de 6.000 reglamentos legales de carácter local. Un sistema legal relativamente completo brinda ahora garantías legales fundamentales para diversos aspectos de la vida sociales y los derechos humanos de los ciudadanos.
China lucha contra las actividades delictivas aplicando la ley, y garantiza la inviolabilidad de las vidas y propiedades de los ciudadanos, así como sus otros derechos humanos. Los departamentos de seguridad pública y judiciales han luchado, de acuerdo con la ley y con severidad, contra los crímenes serios de violencia como los homicidios, el saqueo, la violación y el uso ilegal de explosivos, así como otros crímenes penales. En 1998, los tribunales populares de toda China concluyeron 480.000 casos de primera instancia y sentenciaron a más de 530.000 criminales. Además de investigar y castigar los crímenes y proteger los derechos de las víctimas de acuerdo con la ley, los departamentos judiciales también han prestado atención a la salvaguarda de los derechos legales de los acusados y sospechosos en términos de ayuda legal, defensa, solicitud de recusación, apelación, queja, protesta por la violación de los derechos legales, y obtención de indemnizaciones. Durante el año, los tribunales concluyeron 1.431 casos de indemnización por parte del Estado estrictamente de acuerdo con la Ley de Indemnización del Estado, asegurando los derechos e intereses legales de los ciudadanos.
China presta importancia a la aplicación rigurosa de las leyes y ha fortalecido la protección de los derechos humanos en todos los aspectos del trabajo judicial. En 1998 los tribunales y las fiscalías de todo el país lanzaron la campaña de educación intensiva en su seno con el fin de combatir la corrupción en los medios judiciales, mantener la imparcialidad judicial y asegurar los derechos e intereses legales de los interesados. A través de esa campaña, se elevó la conciencia del personal de aplicación de la ley en todos los niveles de actuar de acuerdo con la ley, fueron corregidas las sentencias erróneas dadas en cierto número de caso, se trataron en serio las violaciones de la ley y la disciplina cometidas por algunos miembros del personal aplicador de las leyes, y fueron establecidos y perfeccionados reglamentos para la aplicación rigurosa de la ley en forma civilizada, así como un mecanismo de supervisión y control. Las estadísticas indican que, durante la educación y rectificación intensivas, los tribunales en todo el país reexaminaron 4,56 millones de casos de todo tipo, descubriendo 12.000 casos de sentencias erróneas. Más de 11.600 sentencias erróneas han sido corregidas. Un total de 2.512 violaciones de la ley o de la disciplina por parte de los jueces y otros funcionarios fueron tratadas, y 221 funcionarios fueron procesados por responsabilidades penales. Los órganos fiscales de todos los niveles reexaminaron 477.000 casos y rectificaron 3.773 casos problemáticos tratados indebidamente fuera de la jurisdicción. Como resultado de ello, se dieron indemnizaciones penales a 161 litigantes involucrados, fueron rectificadas las detenciones de tiempo excesivo de 729 sospechosos sometidos a la investigación directa de las fiscalías, fueron registradas e investigadas 1.641 personas por su violación de la ley y la disciplina, se dio conclusión a casos con 1.550 involucrados y se exigió responsabilidad penal a 116 individuos.
En 1998, los tribunales de todos los niveles hicieron grandes esfuerzos para promover juicios abiertos e intensificar la supervisión social y de los medios de comunicación sobre los procesos legales. Se realizaron juicios abiertos en todos los casos de primera instancia salvo en las situaciones en que la ley define que no es posible una audiencia pública o no pública, fueron anunciadas en público. Mientras el tribunal está abierto para la audiencia, las evidencias, el interrogatorio, el atestado, la identificación y el debate son conducido en el acto, para incrementar la tasa de sentencias anunciadas en el tribunal. En los casos importantes con influencia social, los procesos son transmitidos en vivo. Hasta la fecha, 11 tribunales populares superiores y 58 tribunales populares intermedios han transmitido algunos casos por televisión, lo que ha tenido una repercusión favorable en la comunidad social. En marzo de 1999, el Tribunal Popular supremo emitió "Algunas Disposiciones sobre la Aplicación Estricta del Sistema de Juicios Abiertos". Este documento reglamenta estrictamente el alcance de los juicios abiertos al público, exige que todo el proceso de las actividades de juicio sea abierto al público, y también establece el sistema que garantizará la implementación de juicios abiertos.
Los departamentos fiscales han acelerado sus esfuerzos para supervisar la aplicación de la ley, corrigiendo los problemas de la no observancia de la ley en el procedimiento, la debilidad en la aplicación de la misma y la parcialidad en los asuntos judiciales. En 1998, durante el trabajo de investigación y supervisión, las fiscalías emitieron opiniones para corregir las detenciones indebidamente prolongadas de 71.000 individuos y para corregir las prácticas ilegales en la investigación de 9.964 casos. En la supervisión del juicio de casos penales, los organismos fiscales protestaron contra 3.791 sentencias penales que se consideraron equivocadas y presentaron 1.211 casos de proceso de juicio con violación de la ley para su corrección. En la supervisión de la ejecución de penas, con respecto a las penas reducidas, la libertad condicional y la libertad bajo palabra por motivos de salud, los organismos fiscales presentaron opiniones sobre 9.672 casos para su corrección. En referencia a la supervisión del juicio de casos civiles y de casos de procedimiento administrativo, centrándose en la corrección de las sentencias y fallos erróneos pero ya en efecto de los casos civiles, económicos y administrativos, aceptaron y examinaron 26.158 apelaciones y presentaron protestas ante los tribunales populares contra las sentencias de 8.438 casos. Los organismos fiscales también cumplieron, de acuerdo con la ley, la función del manejo de los casos de abuso de poder. En 1998 aceptaron e investigaron 5.811 casos de bÜsqueda y aceptación de sobornos cometidos por funcionarios judiciales y de aplicación de la ley con un total de 7.067 personas involucradas, y también 1.467 casos de funcionarios gubernamentales que cometieron delitos de detención ilegal, obtención de confesiones por medio de tortura, venganza y presentación de cargos falsos, protegiendo así los derechos e intereses legales de los ciudadanos de acuerdo con la ley.
El contingente de abogados de China ha crecido rápidamente, y ha emergido como una gran fuerza que salvaguarda los derechos e intereses legales de los ciudadanos. Las estadísticas indican que las oficinas de abogados aumentaron de 79 en 1979 a más de 8.600 a fines de 1998. En el mismo período, el número de abogados en ejercicio aumentó e 212 a más de 100.000. hasta fines de marzo de 1999, China tenía 79 oficinas extranjeras de abogados, incluyendo 27 de Estados Unidos, así como 26 de Hong Kong. Entre 1993 y 1997, los abogados chinos manejaron más de 2 millones de casos criminales, 1,21 millones de casos civiles y 1,5 millones de casos de orden económico, así como 2,06 millones de casos de no proceso legal. Los abogados chinos trabajan como consultores jurídicos de 250.000 entidades gubernamentales y empresas.
El sistema de ayuda legal nacional tiene un amplio juego y un papel cada vez más importante en la mejora del sistema legal del país, en la protección de los derechos e intereses de los ciudadanos y en el fomento de la imparcialidad judicial. El establecimiento de la Fundación de Ayuda Legal de China y del Centro de Ayuda Legal subordinado al Ministerio de Justicia en mayo de 1997 marcó un paso sustancial de los esfuerzos nacionales para establecer y aplicar el sistema de ayuda legal. En la actualidad, China tiene más de 500 entidades de ayuda legal. En 1998, estas entidades manejaron más de 80.000 casos de ayuda legal y dieron consejo legal a más de 1 millón de personas, haciendo enormes contribuciones para que los ciudadanos con dificultades económicas pudieran proteger sus derechos e intereses legales en pie de igualdad.
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