BUENOS AIRES, 13 jun (Xinhua) -- El gobierno argentino de la presidenta Cristina Fernández informó hoy oficialmente que recurre a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya y que "reevalúa su relación con el Uruguay", luego que las autoridades de ese país rioplantense autorizara a una planta productora de pasta celulósica a incrementar su producción.
La decisión fue informada a Uruguay a través de una carta en la que el canciller argentino Héctor Timerman notifica lo resuelto a su homólogo uruguayo, Luis Almagro y le hace saber que la decisión de ese país es "un gesto inamistoso".
Timerman, en la misiva enviada, asegura a Almagro que el Gobierno argentino "ayer tomó conocimiento" que las autoridades uruguayas autorizaron "hace seis días en forma definitiva el aumento de producción de UPM a 1.365.000 toneladas anuales".
"Se trata de un gesto inamistoso de parte de su gobierno en un tema que desde octubre de 2013 ha surgido como una nueva etapa de la controversia entre nuestros países en torno a la violación por parte del Uruguay del Estatuto del Río Uruguay", agrega el texto.
La carta argentina taxativamente sostiene que "esta nueva medida confirma la ruptura unilateral por parte de su gobierno del mecanismo de información y consulta previa establecido" entre los dos países para evitar conflictos respecto del uso de ese curso de agua que marca la frontera entre ambos.
En esos términos Argentina "reclama que el Gobierno uruguayo deje de inmediato sin efecto esta nueva resolución" y le exige "se atenga al cumplimiento estricto y de buena fe de las normas contenidas en el Estatuto".
Con esos fundamentos, Timerman le hizo conocer a Almagro que "el Gobierno argentino ha decidido recurrir en forma inmediata a la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento uruguayo" denunciado.
Timerman también indicó que Argentina "procederá a reevaluar todas las políticas de relacionamiento bilateral con el Uruguay".
Los dos países, desde cuando promediaba el mandato del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) en Argentina y, en Uruguay, gobernaba Tabaré Vázquez, mantuvieron una disputa por la instalación de una planta de producción de pasta celulósica en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, sobre la banda oriental del río Uruguay.
El diferendo se profundizó por cuanto las autoridades argentinas aseguran -aún hoy- que dicha planta produce daños ambientales irreversibles en ese curso de agua mientras que en Uruguay se sostiene lo contrario.
La discusión se dirimió ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que el 20 de abril de 2010 emitió un fallo en el que se establecen los procedimientos que los dos países deben atender en este tema puntual.
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