Un juez rechazó hoy en Santiago la petición de un abogado para que imputara a la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, por la muerte de 156 personas durante el tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010.
El magistrado Patricio Alvarez consideró que a pesar de haberse aceptado una querella que la señaló como imputada, esto no obliga al Ministerio Público a tomarle declaraciones.
Bachelet, quien el 27 de febrero de 2010 estaba a punto de terminar su primer mandado, acudió a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) para encabezar los trabajos con el fin de enfrentar la catástrofe que dejó el sismo de 8,8 grados en la región centro-sur del país, con un saldo de más de 500 muertos y pérdidas por unos 30,000 millones de dólares.
Tras el sismo, la Armada de Chile retiró la alerta de tsunami y los habitantes en las zonas costeras en la zona centro-sur volvieron a sus viviendas, donde los sorprendió las grandes olas.
El magistrado, quien es titular del VII Juzgado de Garantía de Santiago, rechazó la petición del abogado de los familiares de las víctimas, Raúl Meza, quien, desde hace varios años busca que Bachelet sea imputada en el caso y se ofrezca una compensación económica a las familias afectadas.
Tras el terremoto y el tsunami, Meza presentó una demanda judicial contra la mandataria por su eventual responsabilidad en las muertes.
La fiscalía abrió una investigación por eventuales responsabilidades de algunas autoridades, incluidos el entonces viceministro del Interior, Patricio Rosende, y la directora de la ONEMI, Carmen Fernández.
También están imputados algunos oficiales de la Armada, responsables del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), organismo que dio la primera alarma de un eventual tsunami, pero luego la retiró.
En su resolución de este lunes el magistrado recordó que el Ministerio Público "no formalizó los hechos contenidos en la querella presentada por el abogado Meza, cerrando la investigación y clausurando así toda posibilidad de reabrirla".
El juez aprobó sin emabrgo reabrir la investigación relacionada con el tsunami solicitada por la defensa del ex oficial de la Armada, Mariano Rojas, quien era el jefe del Shoa al ocurrir los hechos.
Ello se debe a que hay más antecedentes sobre María Cecilia Celaya, una oceanógrafa del Shoa, quien puede aportar datos hasta ahora no considerados sobre responsabilidades en las muertes ocasionadas por el tsunami.