Acusan diputados chilenos al ejército de financiar privilegios a represores encarcelados

Actualizado a las 27/08/2015 - 14:19

Palabras clave：

SANTIAGO, 26 ago (Xinhua) -- Dos diputados oficialistas en Chile acusaron hoy al ejército de financiar un conjunto de obras de mejora en la cárcel donde cumplen condenas ex uniformados por delitos de lesa humanidad, en las afueras de Santiago.

"Vimos una zona, que era un patio antiguo, donde se pusieron unos módulos de apoyo y cuando preguntamos quién hizo esa donación, invirtió los recursos, nos dijeron que fueron donación del ejército'", dijo Daniel Nuñez, diputado del Partido Comunista.

"Por lo tanto, tengo mis serias dudas si son las familias o son las instituciones, lo cual me parece también algo grave que estén financiando los privilegios carcelarios que se les da a los detenidos por ser de su misma institución", añadió.

Por su parte el diputado Sergio Aguiló, de Izquierda Ciudadana, sostuvo que "claramente la estructura de los beneficios carcelarios los da el Estado de Chile o instituciones estatales, como en este caso me enteré que era el ejército, lo cual también me parece algo bastante irregular".

La prisión de Punta Peuco, situada a las afueras de la capital chilena, alberga a la plana mayor y a ex funcionaros de las disueltas Dirección Nacional de Información (Dina) y Central Nacional de Informaciones (CNI), los organismos represores durante el gobierno militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Los internos tienen en estos recintos condiciones diferenciadas del resto de la población penal, cárceles individuales con amplios espacios, acceso a régimen libre de visitas y recintos de esparcimiento.

En tanto, la ministra de Justicia, Javiera Blanco, aseveró no tener información respecto al origen de los nuevos módulos.

"No tengo conocimiento de eso. Siempre lo que se hace es estar viendo los temas de habitabilidad y de tener la capacidad suficiente, pero eso también tiene un límite. Por eso la preocupación de hacer análisis de alternativas", manifestó.

Además, insistió que la eventual fecha de cierre del penal es facultad exclusiva de la presidenta chilena Michelle Bachelet.

"Como cualquier centro de cumplimiento penitenciario, Gendarmería siempre está atento a los temas de sobrepoblación penal. El tema de hacinamiento es una preocupación y, por lo tanto, cuando un recinto como ese ya está llegando a sus capacidades máximas, lo que corresponde es hacer los análisis y estudios para evaluar alternativas", indicó.

"Si me preguntan cuáles son esas alternativas, cuándo se va a tomar una decisión, esa decisión la va a tomar la presidenta y se va a informar en tu oportunidad", añadió la secretaría de Estado.

La coalición de centroizquierda recordó que en el pasado la construcción de estas cárceles se debió a condicionantes de la transición política, con una fuerte presión de las Fuerzas Armadas.