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CIADI acepta recurso de Bolivia de anulación y suspende ejecución de laudo

Actualizado a las 24/09/2015 - 09:19
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LA PAZ, 23 sep (Xinhua) -- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) aceptó el pedido de nulidad que presentó Bolivia contra el laudo que favorece a la empresa chilena Quiborax, y decidió suspender la ejecución de ese fallo, informó hoy la Procuraduría General del Estado.

"El día de hoy 23 de septiembre de 2015, el CIADI aceptó la solicitud de anulación del Estado de Bolivia presentada el lunes 21 en Washington DC, Estados Unidos, por la Procuraduría General del Estado en contra del laudo emitido el pasado 16 de septiembre en el caso Quiborax S.A. y Non-Metallic Minerals S.A. contra el Estado boliviano", señala un comunicado de la Procuraduría.

De acuerdo con el informe de la entidad estatal, la Secretaria General del CIADI, Meg Kinnear, hizo conocer el registro del recurso de anulación.

La Procuraduría informó que Kinnear solicitará "al presidente del Consejo Administrativo del CIADI que proceda (...) al nombramiento del Comité ad hoc que considerará la solicitud de anulación" y que aceptó la solicitud de suspensión de la ejecución del Laudo.

Bolivia presentó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, una solicitud de nulidad del fallo emitido a favor de la empresa chilena Química e Industrial de Bórax (Quiborax).

El procurador general, Héctor Arce Zaconeta, informó en conferencia de prensa en La Paz, que el Estado boliviano presentó la solicitud tras un extenso trabajo de análisis que se realizó desde la anterior semana por parte del equipo jurídico en la ciudad de La Paz, así como del equipo en Washington, Estados Unidos.

Arce ratificó que la determinación se asume tras evidenciarse que el laudo contiene gravísimas violaciones a las normas de procedimiento y que además fue dictado con exceso y extralimitación de facultades, en perjuicio de Bolivia.

La Procuraduría del Estado ratifica que Bolivia es respetuosa de los acuerdos internacionales enmarcados en el Estado de derecho y una institucionalidad reconocida en todo el mundo, prueba de ello es que se llegó a una decena de arreglos con empresas extranjeras tras el proceso de nacionalización, y el país no tiene ningún proceso que le genere una situación conflictiva.

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