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Busca Brasil acelerar juicio político a Rousseff para evitar perjuicios económicos

Actualizado a las 08/12/2015 - 08:42
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BRASILIA, 7 dic (Xinhua) -- El gobierno brasileño buscará acelerar la definición del proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff para evitar mayores daños a la economía, señaló hoy el diputado Henrique Fontana, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

Según Fontana, el gobierno presentará la defensa de la mandataria lo antes posible para que el pedido de juicio político sea votado en el pleno del cuerpo antes de Navidad.

La apertura del proceso de juicio político la autorizó el pasado miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).

Cunha anunció su decisión horas después de que la bancada del PT acordó votar en su contra en el Consejo de Etica, donde él sufre un proceso por quiebra del decoro parlamentario que puede resultar en su destitución.

Fontana afirmó que los partidos opositores están confundidos debido a la "cortina de humo" lanzada por Cunha para defender sus propios intereses.

"Esta cortina de humo parece estar obstaculizando los ojos del DEM (Demócratas) y del PSDB, ya que está claro que las acusaciones contra Dilma no tienen consistencia. Lo que la oposición no puede es paralizar al país durante tres o cuatro meses, con el fin de hacer una tribuna para la lucha política ", enfatizó.

Según el diputado petista, si insiste en esa línea, la oposición demostrará que no le preocupa que la solicitud de juicio político haya sido autorizada "por uno de los políticos más corruptos en Brasil".

Este lunes termina el plazo para que los partidos políticos presenten los nombres de sus representantes en la Comisión Especial que analizará la solicitud de juicio político.

El pedido de juicio político denunció maniobras fiscales adoptadas por el gobierno el año pasado sin soporte legal, e incluyó una copia de los decretos presidenciales firmados por Rousseff este año que, de acuerdo con los solicitantes, reinciden en la prácticas contables irregulares.

La Comisión Especial que juzgará el pedido en primera instancia estará integrada por 65 diputados titulares, con representación proporcional de cada bancada.

Después de que la comisión sea establecida y el gobierno notificado formalmente, la presidenta Rousseff tendrá un plazo de 10 sesiones legislativas para presentar su defensa.

Tras la presentación de los argumentos de defensa, la comisión tendrá un plazo de cinco sesiones para votar el informe final, el cual debe contener un parecer a favor o en contra de la apertura del juicio político.

Después de 48 horas de la publicación, el parecer será incluido en el orden del día del plenario, que deberá votar a favor o en contra del juicio político, para lo cual serán necesarios los votos favorables de 342 de los 513 diputados.

El gobierno confía en contar con los votos necesarios para que el juicio político sea rechazado y dejar atrás el episodio en el menor plazo posible.   

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