Justicia, policía y empleadores vulneran derechos en Bolivia

Actualizado a las 23/04/2016 - 15:35

Palabras clave：

Por René Quenallata Paredes

LA PAZ, 22 abr (Xinhua) -- La justicia, la policía y los empleadores son las instituciones públicas y sectores que registraron más denuncias por vulneración de derechos en Bolivia en 2015, con 42 por ciento del total, según un informe presentado por la Defensoría del Pueblo.

El defensor del Pueblo, Rolando Villena, quien presentó el informe de gestión a la Asamblea Legislativa, precisó que los datos corresponden al año anterior e incluyen una serie de recomendaciones a las instituciones estatales.

"Tenemos dos instituciones públicas como la justicia y la policía donde anualmente son las más denunciadas y no cambia, esa dinámica continúa año tras año; pero también tenemos denuncias en contra de empleadores por los derechos laborales", explicó.

De acuerdo con el informe de la Defensoría del Pueblo, en 2015 se recibieron y atendieron 19.097 denuncias por vulneración de derechos humanos, la cifra anual más alta registrada desde la creación de la institución en 1998.

De ese total, 1.596 casos se registraron fuera de las oficinas defensoriales, es decir en hospitales, escuelas, recintos penitenciarios y espacios públicos, casos que se recibieron a través de la página de internet.

Entre los derechos más vulnerados se encuentran las garantías del debido proceso y acceso a la justicia, con 17 por ciento del total de los casos atendidos, integridad personal con 13 por ciento, derechos laborales, con 12 por ciento y propiedad y patrimonio con 9 por ciento.

En cuanto a las instituciones públicas más denunciadas, responsables de subsanar las denuncias se encuentran, el Organo Judicial con 2.040 casos, Policía Boliviana, con 1.318 casos, gobierno autónomo municipal de El Alto, con 1.232 casos, Ministerio Público, con 1.027 casos y Ministerio de Justicia, con 773 casos.

Más atrás se ubicaron la Dirección Departamental de Educación de La Paz, con 536 casos, Servicio General de Identificación Personal (SEGIP), con 530 casos y gobierno autónomo municipal de La Paz, con 497 casos.

La justicia enfrenta permanentemente una crisis institucional, reconocida por el gobierno, y causada entre otros factores por la corrupción, la lentitud de los procesos y las injerencias políticas.

Sobre este tema, el viceministro de Justicia, Diego Jiménez, señaló que las autoridades judiciales y policiales admiten que existen vulneraciones de derechos y están dispuestos a reparar y poner freno a través de nuevas políticas de gestión.

"Esperamos lograr avances cualitativos de fondo para encarar estructuralmente soluciones a la crisis de la justicia, respecto a la policía es necesario encarar una reestructuración de esta instituciones", aseveró.

VIOLENCIA-CONFLICTOS

Villena destacó que el año pasado se emitieron 17 alertas contra la violencia hacia la mujer en los nueve departamentos del país.

También se logró la consolidación de 15 oficinas del defensor del Paciente, 138 defensores Estudiantiles y la institucionalización de varios Centros de Orientación Socio Legal para Personas Adultas Mayores.

En cuanto a la gestión de conflictos, la Defensoría del Pueblo registró 478 casos en todo el país en 2015.

De este total, la Institución intervino en 263.

En cuanto a la Educación y Comunicación, la Defensoría del Pueblo desarrolló 1.693 eventos educativos, la cifra anual más alta en toda la historia defensorial.

De igual forma consolidó el programa del voluntariado con 564 miembros en todas las oficinas defensoriales en Bolivia, realizó 355 eventos públicos de promoción, los cuales incluyeron ferias de derechos humanos, festivales de canto y de teatro y movilizaciones en espacios públicos.

RECOMENDACIONES

Villena lamentó que las recomendaciones emitidas en 2014 no fueran atendidas ni respondidas por el Organo Legislativo.

"Lo que a nuestro criterio, incide en la afectación y la negación de derechos, especialmente de las poblaciones con mayor grado de vulnerabilidad", agregó.

Villena consideró necesario la aprobación de varias normativas como una ley específica contra la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes, con enfoque de género, la Ley de Consulta Previa y la Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos.

Además considera que se deben aprobar la Ley de Derechos de las personas con distinta orientación sexual, la Ley de Acceso a la Información Pública, la Ley específica que tipifique y sancione los delitos de linchamiento, un debate para la aprobación de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y la ley específica sobre acoso laboral.

También sugirió otra normativa contra la negligencia médica y otra sobre salud mental.

En cuanto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, Villena indicó que es necesario un análisis y modificación de la Ley 548 para establecer una protección especial a los menores de 18 años que contraen matrimonio o conviven con parejas mayores y de aquellas que deben trabajar, especialmente en hogares que no son los propios.

En referencia a la fiscalización, el defensor del pueblo reiteró la importancia de promover la conformación de una Comisión Especial para que realice el estudio, análisis y seguimiento de los casos de violencia contra la niñez y la adolescencia.