Dicho arreglo fue construido sobre cinco pilares: un pacto político nacional que buscará la reconciliación y la convivencia pacífica; una comisión de garantías de seguridad que diseñará y dará seguimiento a la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización que atente contra la paz.
Igualmente la creación de una unidad especial de investigación dentro de la Fiscalía General para la desarticulación de estos grupos y sus redes de apoyo.
Además de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política que desarrollará un modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el que surja del tránsito de las FARC a la vida civil.
Sobre este último punto conversó con Xinhua en La Habana el congresista colombiano Iván Cepeda, quien participó en la rúbrica del acuerdo general que puso fin al conflicto armado.
Según el senador por el Polo Democrático Alternativo, las FARC van a representar en los próximos años un "fenómeno novedoso" en la política de Bogotá.
"Ha sido una organización que ha logrado sobrevivir por décadas en medio de condiciones supremamente adversas, de ofensivas militares gigantescas y ha tejido una relación con muchos sectores de la población colombiana", afirmó.
Cepeda destacó el hecho de que la guerrilla ha desarrollado en el último medio siglo un vínculo muy estrecho con los más humildes, conformando un "proyecto colectivo que ha tenido hasta ahora una expresión violenta, pero que en lo sucesivo se va a traducir en una expresión política".
El defensor de los derechos humanos se refirió a los instrumentos, mecanismos y procedimientos contemplados en el acuerdo de paz que van a permitir la democratización del país, aunque a su juicio, son transformaciones insuficientes.
"Hemos puesto la piedra angular de la construcción de una nueva sociedad que se fundamenta, no en el miedo, sino en la concordia. Vamos a necesitar ahora de un gran proceso de reforma social e institucional y eso solamente se logrará con un gran pacto nacional que puede tener la forma de una constituyente", señaló.
Hasta el momento lo que está previsto es la realización de un plebiscito el próximo 2 de octubre, donde millones de colombianos decidirán si respaldan o no la paz en el país.
Tras los resultados de esa consulta, se proyectarán los pasos a seguir para la reinserción en la sociedad de las FARC y su incursión en la vida política.
De acuerdo con la Ley 130 de 1994, todos los colombianos tienen derecho y facultades para constituir partidos y movimientos políticos, así como para organizarlos y desarrollarlos con el fin de que, desde estas plataformas, puedan divulgar sus ideas libremente.
Disposiciones recientes del Congreso de Bogotá han ajustado las reglas y condiciones para su conformación.
Tal es el caso de la reforma de 2009 que establece un mínimo de 500.000 firmas correspondientes al 3 por ciento de los votos emitidos válidamente en todo el territorio en las elecciones al Congreso, para que el Consejo Nacional Electoral reconozca a una organización política.
Cifras extraoficiales indican que las FARC tienen alrededor de 20.000 guerrilleros, entre combatientes armados y milicianos, por lo cual cumplir con esta norma para legalizar su estatus resultaría bastante difícil.
No obstante, declaraciones de miembros del equipo negociador de la insurgencia en la mesa de diálogo de La Habana, han adelantado que buscarán conformar un frente amplio con los sectores de izquierda, el campesinado y los movimientos sociales existentes en Colombia.
De acuerdo con medios colombianos, existen varias propuestas para nombrar la nueva organización política en gestación, Frente Amplio para la Reconstrucción de Colombia Esperanza de Paz (FARC-EP).
Sin embargo, la última palabra la tienen los combatientes que decidirán el rumbo a seguir de las FARC en la X Conferencia Nacional Guerrillera, prevista a realizarse en los próximos días en un punto desconocido de la selva colombiana.
El cónclave contará con la participación de la máxima dirección de ese grupo armado y alrededor de 600 delegados de todos los grupos insurgentes, incluido el Frente Primero que opera en Guaviare (suroriente) que se ha declarado disidente del proceso de paz.
La Conferencia servirá para formalizar la decisión de abandonar definitivamente las armas, mientras se acuerda en conjunto los mecanismos que seguirá en lo sucesivo la guerrilla para hacer más efectiva su reincorporación a la vida social, económica y política.
Lo que sí está decidido es que la reintegración de los combatientes no será un proceso individual, sino colectivo y comunitario, donde los desmovilizados se mantendrán unidos durante la transición y en las zonas donde han operado históricamente.
Pues más allá de las promesas y los mensajes de paz expresados por el presidente Juan Manuel Santos y otros altos funcionarios del gobierno, aún sigue latente en el imaginario popular revolucionario, la cruzada que exterminó a la organización de izquierda Unión Patriótica en la década de los 80.
Más de 3.500 de sus militantes, dirigentes y luchadores sociales, según datos conservadores, fueron asesinados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado colombiano (Ejército, Policía secreta y regular e inteligencia), paramilitares y narcotraficantes.
Una lamentable experiencia que a criterio del congresista Iván Cepeda, no debería repetirse, pues se han sentado las bases para que estos fenómenos sean efectivamente detenidos por medio de diversas estrategias e instancias.
Mientras tanto, han quedado establecidas las medidas para la creación de un sistema de seguridad de los combatientes de las FARC después que dejen las armas y será constituido un cuerpo de protección conformado por integrantes de la guerrilla para esa función.
"Creo que hemos venido generando las condiciones para que nada de eso ocurra, pero cualquier previsión es insuficiente y yo espero que en esta oportunidad se abra paso la democracia y no de nuevo la guerra sucia. El primer paso hacia ese país distinto, más democrático, justo e inclusivo lo dimos ayer (miércoles)", afirmó Cepeda.