La expectativa es que el relator Herman Benjamin y el Ministerio Público pidan la anulación de los resultados de la elección de 2014, pero es incierta la posición que pueda prevalecer en la Corte.
Después de los resultados de las elecciones de 2014, la demanda contra la fórmula vencedora fue presentada por el PSDB a partir de irregularidades en las transferencias a una empresa gráfica.
Según la denuncia, la campaña de la fórmula victoriosa recibió financiamiento ilegal de fondos provenientes de desvíos en empresas públicas.
En diciembre de 2014, las cuentas de la campaña de la entonces presidente Dilma Rousseff y el vicepresidente Michel Temer fueron aprobadas por unanimidad con reservas por el TSE.
El caso fue reabierto debido a que el PSDB cuestionó la aprobación, entendiendo que existen irregularidades en la rendición de cuentas presentadas por Rousseff, quien habría recibido recursos de la trama de corrupción investigada en la Operación Lava Jato (Lavadero).
Temer sucedió a la ex presidenta el año pasado, provisionalmente en mayo y en forma definitiva el 31 de agosto, después de que Rousseff fuera destituida por el Senado por irregularidades administrativas.
Paradójicamente, el PSDB, que presentó la acción contra la fórmula vencedora, es el principal aliado del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
A pesar de los argumentos de la defensa de Temer, el relator Herman Benjamin consideró que la rendición de cuentas del presidente y el vicepresidente deben ser juzgadas de manera conjunta.
La Corte electoral sufre fuertes presiones para que retire el mandato del actual mandatario, después de que Temer fuera grabado supuestamente dando su aval al pago de sobornos.
El presidente, investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por obstrucción de la justicia, asociación ilícita y corrupción pasiva, y con un rechazo popular superior al 90 por ciento, se niega a renunciar.
La semana pasada, el presidente del TSE, Gilmar Mendes, dijo que el juicio será "jurídico y no político".
En caso de que decida anular la fórmula presidencial victoriosa, el TSE deberá decidir si una elección indirecta deben ser realizada por el Congreso para elegir un presidente provisional que completaría el mandato hasta el 31 de diciembre de 2018.
Independientemente de la decisión, aún cabrán pedidos de embargos al propio tribunal y apelación extraordinaria al Supremo Tribunal Federal.
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