BUENOS AIRES, 3 jun (Xinhua) -- El vicepresidente de Argentina, Amado Boudou, solicitó al juez federal, Ariel Lijo, que adelante el interrogatorio al que lo someterá como sospechoso de presuntos actos de corrupción, previsto en principio el 15 de julio próximo.
Boudou hizo el planteamiento en el marco de una investigación a cargo de Lijo para establecer si el Vicepresidente incurrió en "negociaciones incompatibles con el cargo" cuando era Ministro de Economía.
De igual forma, Lijo busca determinar el eventual "incumplimiento de los deberes del funcionario público" con el objeto de apropiarse a través de terceros de la empresa Ciccone Calcográfica, a cargo de imprimir papel moneda argentino.
"A estas alturas del devenir del proceso no puede dejar de soslayarse que la presente investigación ha tenido un profuso tratamiento mediático", planteó Boudou en su solicitud al juez Lijo.
"Tampoco podría negarse ya la existencia de un verdadero linchamiento mediático, y posterior condena, a la que me han venido sometiendo desde el Grupo Clarín y el diario LA NACION", añadió el vicepresidente.
"Más aún en los últimos meses, y en particular desde el mes de diciembre de 2013, los citados medios han venido anticipando con ajustada certeza y copioso nivel de detalle las medidas o resoluciones que el juzgado ha venido ejecutando", agregó Boudou.
Considera que el 15 de julio -cuando la presidenta Cristina Fernández estará en la ciudad brasileña de Fortaleza para participar de la Cumbre de los BRICS, junto con sus colegas de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica- "es cuando menos curiosa" porque entonces él estará a cargo del Ejecutivo.
"Ha sido cuando menos ´curiosa´la fecha y oportunidad del llamamiento para que se recibiera declaración indagatoria, dado que en un trámite judicial que ya ha superado holgadamente los dos años, no ha existido ningún hecho nuevo o determinante en materia probatoria", dijo Boudou.
Añadió que en ese lapso no hay ningún elemento nuevo en el expediente "como para justificar el momento que se ha escogido para lanzar la convocatoria, así como el día en que habría de celebrarse el acto".
El alto funcionario afirmó que -de la marcha de la causa- "no se logran advertir las razones jurídicas por las que se habría adoptado la decisión de convocar a las partes a declarar".
Añadió que "resulta a todas luces notorio que en la causa se contaba desde mucho tiempo atrás con todos aquellos elementos probatorios que ahora convenientemente el señor juez relata y, en un sentido diametralmente distinto al que la propia prueba del expediente ha venido arrojando".
Demanda al juez Lijo "conocer, ¿cuáles habrían sido las verdaderas razones por las que recién ahora el magistrado decide las convocatorias?" y advierte: "Todas estas cuestiones serán sin duda materia de un exhaustivo tratamiento en posteriores oportunidades procesales".
El juez federal Lijo tiene aún pendiente una respuesta al planteamiento de Boudou.