SANTO DOMINGO, 17 jun (Xinhua) -- República Dominicana pidió hoy a Haití su colaboración para llevar a cabo un plan de regularización de extranjeros, el cual involucra en su gran mayoría a indocumentados haitianos con problemas para acogerse al programa.
"La mayoría de los (haitianos) que están yendo en este momento no tienen ningún tipo de documentación y el Estado dominicano no es el que tiene que darles 'identidad', es su país", dijo este lunes el ministro dominicano de Interior, José Fadul.
El funcionario agregó que de las 31.000 personas que se acogieron al plan hasta ahora, el 97 por ciento procede de Haití, de los cuales sólo 5.000 han presentado algún documento y apenas cerca de un centenar ha cumplido con toda la documentación requerida.
"Haití debe prestarnos mayor ayuda", afirmó Fadul, aunque aclaró que se trata de un asunto propio de la soberanía de ese país.
El gobierno dominicano inició a principios de este mes un plan de regularización de extranjeros para dar cumplimiento a una sentencia que hace nueve meses sentó las condiciones para acceder a la nacionalidad dominicana.
El plan se basa en una ley promulgada a finales de mayo pasado, la cual establece un régimen especial para personas nacidas en territorio nacional inscritas irregularmente en el registro civil dominicano y sobre naturalización.
La ley reconoce el estatus legal de aquellas personas, poco más de 24.000, según cálculos oficiales preliminares, nacidas en República Dominicana de padres extranjeros, cuyas actas de nacimiento fueron otorgadas por funcionarios públicos de manera irregular.
Las autoridades dominicanas negaron la expedición de documentos de identidad dominicana para estos casos, a partir de una resolución dictada en 2007.
La nueva ley dispone que los hijos de extranjeros nacidos en República Dominicana y que nunca obtuvieron documentos, deberán acogerse a un plan de regularización de extranjeros en condición irregular, actualmente en proceso, para obtener el estatus migratorio que les permita residir de manera legal en el país.
Quienes estén en ese caso podrán optar por la naturalización pasados 24 meses desde la obtención de su estatus regular.
El ministro dominicano del Interior dijo este martes que la principal traba que afecta el proceso es la falta de documentos personales de los inmigrantes haitianos, quienes se quejan de que la embajada de su país en República Dominicana les cobra de 80 a 100 dólares para expedirles un pasaporte.
Edwin Paraison, un ex diplomático haitiano entrevistado por una radiodifusora local, señaló que no existe justificación alguna para que el gobierno haitiano no tenga una unidad de emisión de pasaportes en República Dominicana.
Paraison explicó que todos los pasaportes haitianos, sin importar el lugar donde se soliciten, sólo se expiden en Washington, Estados Unidos.
"Los haitianos que estamos en República Dominicana representamos el 56 por ciento de los pasaportes hechos en el exterior. Y sobre esa base le hemos solicitado al Estado haitiano, aunque no trasladen totalmente ese servicio a Santo Domingo, que lo establezca allí, porque la comunidad haitiana en República Dominicana tiene derecho a eso", agregó.
Según el plan, podrán acogerse al mismo quienes ingresaron de manera irregular al territorio nacional y quienes ingresaron de manera regular pero ya han excedido el tiempo por el que fueron autorizados a permanecer en República Dominicana, o por haber violentado las condiciones que dieron origen a su admisión.
Sin embargo, las autoridades tomarán en cuenta el tiempo de radicación del extranjero en el país, los vínculos con la sociedad dominicana y sus condiciones laborales y socioeconómicas.
El año pasado el Tribunal Constitucional dominicano falló en contra de Juliana Deguis Pierre, una mujer de ascendencia haitiana, pero nacida en República Dominicana, al señalar que no puede ser dominicana, debido a que la condición de "extranjeros en tránsito" (sin residencia legal) de sus padres la excluye de optar por ese derecho.
El dictamen también dispuso establecer la validez o nulidad de las actas de nacimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana, y ordenó realizar una auditoría de los registros de nacimiento desde 1929 a la fecha para identificar a todos los extranjeros inscritos en el registro civil.
La sentencia enfrentó primero a la sociedad dominicana, debido a que algunos la consideraron discriminatoria y otros destacaron su carácter reivindicativo de la soberanía nacional.
Luego encontró el rechazo del vecino Haití, de algunos países de la región y de organizaciones internacionales que temieron que la medida perjudique a la comunidad dominicana de ascendencia haitiana y a miles de inmigrantes haitianos que viven en territorio dominicano.
Este lunes la Junta Central Electoral (JCE) le entregó a Deguis su acta de nacimiento dominicana, pero el mismo organismo le negó una cédula de identidad y electoral, ya que al ser hija de extranjeros debe "realizar otro tipo de procedimiento", indicó la defensa de la afectada.
"Se supone que hoy tenían que entregarle toda su documentación, ustedes ven el procedimiento como se hizo, como una persona normal", dijo María Martínez, abogada de Deguis.
La Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes de República Dominicana (ENI-2012), cuyos resultados se dieron a conocer el año pasado, señaló que del total de extranjeros residentes en el país, 458.233 nacieron en Haití, equivalente al 87,3 por ciento de la población de inmigrantes radicados en territorio dominicano.
Además, el estudio realizado por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo técnico y financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unión Europea, indicó que en República Dominicana existe una significativa población de descendientes de extranjeros (244.151), sobre todo de padres haitianos (209.912).
En ejecución de la sentencia, la JCE determinó en 2013 que desde 1929 a la fecha un total de 36.326 dominicanos de ascendencia haitiana aparecen inscritos en los libros de registro civil, de los cuales 13.672 presentaron documentos no válidos que podrán ser corregidos si sus portadores se acogen al fallo del Tribunal Constitucional.
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