Inician en Nicaragua y Costa Rica campaña contra trata de personas

Actualizado a las 30/10/2014 - 09:26

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El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP, privado) de Nicaragua inició hoy una campaña que abarca el país y a Costa Rica para prevenir el delito de trata de personas, anunció hoy su directora Elvira Cuadra.

La campaña informativa y preventiva está dirigida a proteger a la niñez y la adolescencia de ambas naciones centroamericanas con el lema "Para que tus sueños sí se cumplan, vamos a cuidarnos juntas", afirmó la directiva en rueda de prensa en la capital del país.

Indicó que los niños y adolescentes, tanto hombres como mujeres, son los más "vulnerables" a ser víctimas de este delito, que además es una forma de crimen organizado.

El IEEPP recomendó hace unos días, en el marco de un foro nacional sobre trata de personas, la aprobación de una ley contra este delito por parte de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo unicameral).

Explicó que la finalidad es, además de evitarlo, que las víctimas se sientan protegidas, así como encontrar alternativas entre la sociedad y el gobierno.

El organismo especializado exhortó a los gobiernos de los países centroamericanos a homologar el marco jurídico para combatir de forma más efectiva el fenómeno.

En dicho foro, que también abordó el tema de la explotación sexual infantil, el IEEPP presentó el documento "Análisis comparado de los ordenamientos jurídicos de trata de personas en Centroamérica".

De acuerdo con el texto, las regiones más vulnerables de la nación centroamericana en cuanto a explotación sexual infantil son la sur, la occidental y la caribeña.

En Nicaragua, se han promulgado normas complementarias como la "Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado", así como la "Ley de administración de bienes incautados, decomisados y abandonados".

Otras de las normas son "La ley contra la violencia hacia las mujeres" y el "Código de la niñez y la adolescencia".

Dentro del Poder Legislativo nicaragüense existe un proyecto de ley contra este delito presentado por el presidente Daniel Ortega, pero no ha sido aprobado.