BEIJING, 1 nov (Xinhua) -- El máximo órgano legislador de China aprobó hoy sábado una enmienda a la Ley de Procedimiento Administrativo, con el objetivo de ampliar el derecho del pueblo a demandar al gobierno.
Miembros del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional (APN) aprobaron la enmienda a través de una votación en el cierre de la sesión legislativa bimestral, que duró una semana, diciendo que está en línea con la realidad de la litigación administrativa y hace que sea más fácil para los ciudadanos llevar al gobierno a los tribunales.
Los tribunales pondrán en marcha un procedimiento administrativo si el gobierno es demandado por violar acuerdos en operaciones de compensación y comerciales sobre tierras y vivienda franquiciadas por el gobierno, de acuerdo con la enmienda, sobre la que deliberaron en tres ocasiones los legisladores nacionales.
La enmienda dice que los tribunales deben ordenar a las autoridades respetar los contratos o dar una compensación por el incumplimiento si se confirma que han violado un contrato.
Incluso si las autoridades tienen razones legítimas para poner fin a los contratos, deben ofrecer una compensación, según la revisión, que no detalla cómo determinar la cuantía de la indemnización.
La revisión obliga a los acusados --representantes de las administraciones relacionadas-- a comparecer personalmente ante el tribunal. Los que se nieguen a comparecer sin razones legítimas o abandonen el tribunal durante el juicio sin autorización se pueden enfrentar a castigos adicionales. Actualmente la mayoría de los acusados piden a sus abogados o a otro miembro del personal que los representen ante los tribunales.
"Hacerlos comparecer ante el tribunal también promoverá eficazmente la concienciación sobre el Estado de derecho de los funcionarios", afirmó el profesor Jiang Ming'an, de la Universidad de Pekín.
Los participantes en los pleitos, incluidos los funcionarios públicos, serán multados o detenidos si "obligan" a un demandante a retirar la demanda a través de medios ilegales, tales como amenazas o fraude, dice el documento.
La revisión también añade estipulaciones para que un mayor número de casos de infracción de derechos sean aceptados por los tribunales y que los casos procesables dejen de limitarse a los "actos administrativos específicos" --en la práctica, esta es una excusa para los tribunales para rechazar casos--.
La Ley de Procedimiento Administrativo de 1990 es una garantía importante para el derecho de los ciudadanos a perseguir al gobierno en los tribunales. Los legisladores afirmaron que la enmienda proporcionaría una base legal más sólida para la reforma administrativa y judicial.
Un miembro del Comité Permanente de la APN, Bai Zhijian, manifestó que la ley revisada protegería mejor los derechos e intereses de los ciudadanos y otras organizaciones y garantizaría una administración según la ley.
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