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Unos 28,5 millones de latinoamericanos y caribeños viven fuera de sus países de origen y el 70 por ciento radica en Estados Unidos, según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) divulgado hoy.
Esa cifra representa el 4 por ciento de la población total de la región y es superior a los 26 millones contabilizados en la ronda de censos de 2000. De esos emigrantes, 11,8 millones proceden de México (40 por ciento del total), 2 millones a Colombia y 1,3 millones a El Salvador.
"Los flujos de migración intrarregionales se han intensificado en los últimos años", plantea el informe titulado "Tendencias y patrones de la migración latinoamericana y caribeña hacia el 2010 y desafíos para una agenda regional".
Agrega que la población inmigrante asciende en la región a 7,6 millones de personas, de los que la mayoría procede de otras naciones de América Latina y el Caribe.
Apunta que, al comparar datos censales de las rondas de 2000 y 2010, se observa una disminución de la emigración a destinos de fuera de la región y una intensificación de los flujos de migración intrarregionales.
"Estados Unidos ocupa la primera posición con 20,8 millones de emigrantes latinoamericanos y caribeños (70 por ciento del total), lo que incluye a casi la totalidad de los cerca de 12 millones de mexicanos que viven fuera de su país, y detrás se sitúa España, con 2,4 millones de personas (8 por ciento)", precisa.
Mientras, la población inmigrante en América Latina y el Caribe, que se estima en 7,6 millones de personas, equivale a sólo 1,1 por ciento del total de la región. De ellos, una mayoría nacieron en otros países de la misma región (migración intrarregional).
De acuerdo con la CEPAL, los flujos migratorios intrarregionales aumentaron a un ritmo anual de cerca de 3,5 por ciento entre 2000 y 2010, lo que muestra una tendencia a la aceleración respecto a los veinte años anteriores, cuando creció a tasas en torno a 1 por ciento.
Argentina, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana concentran el mayor número de estos migrantes.
Destaca que el número de personas nacidas fuera de la región decreció entre 2000 y 2010 en Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay, lo que indica que en esos casos la llegada de inmigrantes no compensó la mortalidad o la reemigración en ese grupo.
Sin embargo, en otros países se registraron incrementos, como ocurrió en República Dominicana (11,3 por ciento), Bolivia (7,4 por ciento), México (7,1 por ciento) y Panamá (6,2 por ciento).
Por otro lado, la inmigración de ultramar, especialmente de España, se habría intensificado durante los últimos años a causa de la crisis económica mundial, pero su nivel sigue contrastando con la elevada emigración de latinoamericanos y caribeños a Europa.
Sobre la migración de retorno, se afirma que, según los censos de 2010 para seis países, el mayor flujo se observa en México (860.000 personas, cifra que incluye posiblemente las repatriaciones forzosas), mientras que en los otros casos analizados sólo unas 100.000 personas volvieron a sus lugares de origen.
El informe analiza una muestra seleccionada de 10 países de la región, cuyas bases censales de la ronda de 2010 estaban disponibles a principios de 2014 en el banco de datos del proyecto Investigación de la Migración Internacional en Latinoamérica (IMILA) de la CEPAL.
En algunos casos, estas cifras se complementan con otras procedentes de la División de Población de las Naciones Unidas y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Debido al dinamismo de la migración en la región, la CEPAL indica que los foros intergubernamentales, tanto intrarregionales como extrarregionales, incluyen una posición común de defensa de los derechos de las personas migrantes.
Igualmente, expresan su rechazo a medidas unilaterales y restrictivas de algunos países desarrollados que son destino de la emigración latinoamericana y caribeña.
Por eso, la CEPAL propone la construcción de una agenda en esta materia que logre la plena inclusión de la migración en las estrategias de desarrollo posteriores a 2015, y la elaboración de planes regionales para aprovechar los beneficios de los procesos migratorios.
Ello, señala, "permitiría avanzar en la cooperación internacional sobre la migración, así como en la protección de los derechos de los migrantes, en especial, de niños, jóvenes, mujeres, trabajadores poco calificados y personas que se desplazan en situación irregular o lo hacen buscando refugio".