Familiares de víctimas de protestas violentas en Venezuela exigen justicia

Actualizado a las 18/11/2014 - 11:09

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CARACAS, 17 nov (Xinhua) -- Voceros del Comité de Víctimas de la "Guarimba" (protestas violentas) acudieron hoy a varias instituciones del estado venezolano, con el fin de demandar justicia por la pérdida de sus seres queridos en el primer semestre del año.

El comité, creado el pasado lunes, está integrado por más de 60 familiares de las víctimas de esos sucesos violentos perpetrados por sectores radicales de la oposición nacional con el propósito de desestabilizar la revolución bolivariana.

Tras sostener una reunión privada con los miembros del comité, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutiérrez, anunció procesos judiciales contra los responsables de las acciones registradas entre febrero y junio de este año en la nación suramericana, las cuales dejaron más de 4o muertos y más de 800 lesionados.

"Procesaremos caso por caso para impartir justicia a los afectados y les haremos valer sus derechos constitucionales de este golpe de Estado continuado", declaró la máxima autoridad del poder judicial venezolano a periodistas.

"Reivindicamos desde el Poder Judicial el derecho del pueblo venezolano de seguir con justicia y en paz (...) por eso nos comprometemos a dar seguimiento a las investigaciones para determinar responsabilidades de quienes vulneraron los derechos más elementales de nuestro pueblo", agregó Gutiérrez.

Los familiares sde las víctimas se entrevistaron con Gabriela Ramírez, máxima representante de la Defensoría del Pueblo, quien recibió un documento en el que se solicita dar seguimiento a cada uno de los casos para "evitar la impunidad que, con campañas nacionales e internacionales, la derecha venezolana pretende amparar a los victimarios".

"Nos hemos comprometido con ellos como poderes del Estado, desde la Defensoría, a darle impulso y seguimiento a todas las causas para, con nuestra labor, velar porque haya continuidad por parte de las instancias competentes en los casos en los que hay procesos judiciales abiertos y velar por la justicia", afirmó Ramírez.

En rueda de prensa transmitida por la estatal Venezolana de Televisión, la defensora del Pueblo alertó que los grupos extremistas al servicio de dirigentes ultraderechistas nacionales e internacionales siguen activos y son los máximos responsables de provocar casi una "guerra fratricida" entre los venezolanos.

"El hecho de que en diferentes medios de comunicación hicieran la cobertura de sólo una de las realidades, hace posible que los sucesos se repitan. Por eso ellos (familiares de víctimas) tienen temor de que la campaña que cataloga al Estado venezolano como irrespetuoso de los derechos humanos, pudiera generar un velo de impunidad sobre hechos tan tristes como la pérdida de vidas humanas", expresó.

La semana pasada el Comité se presentó ante la Fiscalía General de la República para entregar un informe en el que solicitaron al organismo acelerar las investigaciones y dar con los autores materiales e intelectuales.

Los familiares de las víctimas de las "guarimbas" se reunieron con diputados del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a quienes solicitaron apoyo ante las demandas de dar con todos los culpables de estos hechos, así como para elevar ante el mundo la verdad de lo sucedido.

Desde el pasado 12 de febrero grupos extremistas en el país, convocados por el dirigente ultraderechista Leopoldo López, actualmente sujeto a juicio, realizaron acciones catalogadas por el Ejecutivo como "terroristas" en varias ciudades venezolanas, con daños materiales que ascienden a 10.000 millones de dólares.

Como parte de estas acciones murieron efectivos militares que intentaban restablecer la tranquilidad ciudadana y personas inocentes a manos de francotiradores al servicio de esas bandas.

También se cometieron delitos como la quema de instituciones públicas, la destrucción de la propiedad del Estado, bloqueo de calles con barricadas, en un intento golpista para tratar de derrocar al presidente venezolalno Nicolás Maduro.