Gobierno de Panamá defiende gestión para mantener liderazgo en registro de naves

Actualizado a las 04/09/2015 - 16:18

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PANAMA, 3 sep (Xinhua) -- El administrador de la estatal Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Jorge Barakat, defendió hoy la gestión que realiza el gobierno panameño en busca de mantener el país como el primer y más eficiente registro de naves del mundo.

El funcionario trató el tema en reunión con representantes de la Asociación Panameña de Derecho Marítimo (Apademar), y aseguró que el registro panameño presta un servicio de calidad mundial y con reglas claras, acorde a las necesidades del mercado marítimo internacional.

Barakat, quien fue designado vicepresidente segundo del actual período de la Asamblea de la Organización Marítima Internacional (OMI), explicó que se trabaja en un proyecto piloto en el país para tecnificar los títulos de marino y darle más seguridad a los títulos de los más de 500 mil marinos a nivel internacional, que surcan los mares en las más de 8.220 naves que en este momento constan dentro del registro naviero panameño.

Aclaró al gremio, según una nota de prensa de la AMP, que nunca se autorizó ni ejecutó un acuerdo bilateral con Samoa, y para la expedición de trámite alguno proveniente de ese registro.

En la prensa panameña se informó hoy sobre una supuesta denuncia del Estado de Samoa, isla en el Pacífico Sur, en Oceanía, y según la cual una empresa estaba supuestamente tramitando licencias de manera fraudulenta para marinos que iban a laborar al registro panameño.

Según la información, mencionada en el diario La Prensa de la capital panameña, los documentos que tenían un período de tres meses eran tramitados por esta empresa bajo un acuerdo firmado con la AMP y refrendados en algunos consulados panameños.

Pero la AMP informó al respecto este mes que el 10 de febrero pasado se firmó un acuerdo bilateral de cooperación con la Autoridad Marítima Internacional de Samoa, para el reconocimiento mutuo de la formación y certificación de marinos.

El administrador de la AMP aclaró que el documento firmado no era un acuerdo con efecto legal y que nunca fue implementado.