Apertura de juicio político contra Rousseff abre complejo trámite parlamentario

Actualizado a las 03/12/2015 - 08:54

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La crisis política abierta en Brasil por la apertura de un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, autorizada este miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, puede resultar en un trámite parlamentario que puede demorar más de siete meses.

Esta tarde, Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aceptó el pedido presentado por los juristas Helio Bicudo y Miguel Reale Junior contra Rousseff por incumplimiento de obligaciones fiscales.

La expectativa es que la disputa en el seno del Congreso en torno a los argumentos presentados contra la presidenta, sobre quien no pesa ninguna acusación por desvíos de conducta, profundice aún más la severa crisis política en el país.

Con la decisión de Cunha, será instalada una Comisión Especial para analizar el pedido, integrada por diputados de todos los partidos político, en número proporcional al tamaño de cada bancada.

Después de que la Comisión es establecida y el gobierno notificado formalmente, la presidenta tendrá un plazo de 10 sesiones legislativas para manifestar su defensa.

Tras la presentación de los argumentos de defensa, la Comisión tendrá un plazo de cinco sesiones para votar el informe final, que debe contener un parecer a favor o en contra de la apertura del juicio político.

Después de 48 horas de la publicación, el parecer será incluido en el orden del día del plenario, que deberá votar a favor o en contra del juicio político, para lo cual serán necesarios los votos favorables de 342 de los 513 diputados.

En caso de que el proceso de juicio político sea abierto formalmente por decisión del cuerpo, la presidenta debe dejar el cargo por 180 días, y el proceso sigue para ser tratado por el Senado.

La sesión en el Senado que decidirá la suerte del proceso debe ser presidida por el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), y serán necesarios los votos favorables dos tercios (54 votos) del total de 81 senadores para destituir a la mandataria.

Si la presidenta es absolbida por el Senado, reasume el cargo inmediatamente, mientras que, si es condenada, será destituida automáticamente, cediendo el cargo al vicepresidente.

El anuncio fue realizado pocas horas después de que la bancada del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) anunció que votaría en el Consejo de Ética de la Cámara contra Cunha, acusado de mantener contas secretas en Suiza con millones de dólares provenientes de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Los petistas consideran que la apertura del juicio político es una represalia del presidente de la Cámara, a quien acusaron de "golpista".

Esta noche, Rousseff afirmó en un mensaje al país que recibió la noticia "con indignación", se mostró confiada en el funcionamiento de las instituciones y en que cumplirá su mandato "concedido democráticamente por el pueblo brasileño".

El pedido de juicio político había sido presentado por los juristas a fines de octubre en función del llamado "pedaleo fiscal" en las cuentas públicas de 2014, e incluyó copia de decretos presidenciales firmados por Rousseff este año que, de acuerdo a los firmantes, reinciden en las prácticas contables irregulares.

La solicitud había sido secundada por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), apoyado por otros partidos de oposición.

Un parecer del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) encontró irregularidades en la transferencia de fondos enviados por la Tesorería Nacional a los bancos públicos en 2014 para cubrir gastos con programas sociales del gobierno.

La maniobra podría ser considerada una operación de crédito, ya que, en la práctica, los bancos públicos prestaban valores a la Unión, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).

El gobierno rechazó esa evaluación alegando que la práctica ocurrió durante breves períodos, que termina siendo compensada cuando los bancos reciben los fondos y obtienen saldos positivos.