Autoriza líder de diputados en Brasil apertura de juicio político contra Rousseff

Actualizado a las 03/12/2015 - 08:54

Palabras clave：

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó hoy la apertura de un juicio político contra la mandataria Dilma Rousseff presentado por los juristas Helio Bicudo y Miguel Reale Junior, por incumplimiento de obligaciones fiscales.

El anuncio se realizó pocas horas después de que la bancada del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) anunció que votará a favor del proceso de destitución que el Consejo de Ética de la Cámara emprende contra Cunha, acusado de tener cuentas secretas millonarias en Suiza provenientes de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

Con la decisión de Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), una Comisión Especial será creada para analizar las denuncias contra la presidenta Rousseff, a quien se le fijará un plazo para presentar su defensa.

La Comisión emitirá un parecer, que será sometido a votación en el pleno de la Cámara de Diputados para decidir si existen elementos que justifiquen el juicio político ("impeachment") contra la mandataria.

El pedido de juicio político fue presentado por los juristas a fines de octubre en función del llamado "pedaleo fiscal" en las cuentas públicas de 2014, e incluyó copia de decretos presidenciales firmados por Rousseff este año que, de acuerdo a los firmantes, reinciden en las prácticas contables irregulares.

La solicitud estuvo secundada por el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB), apoyado por otros partidos de oposición.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) encontró irregularidades en la transferencia de fondos enviados por la Tesorería Nacional a los bancos públicos en 2014, con la finalidad de cubrir los gastos de los programas sociales del gobierno.

La maniobra puede ser considerada una operación de crédito, ya que en la práctica los bancos públicos prestaban valores a la Unión, lo cual está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El gobierno rechazó esa evaluación al alegar que la práctica ocurrió durante breves periodos, la cual se compensó cuando los bancos recibieron los fondos y obtuvieron saldos positivos.