Tribunal de Chile acoge petición para detener gratuidad en universidades

Actualizado a las 04/12/2015 - 08:51

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El Tribunal Constitucional (TC) de Chile admitió hoy el recurso presentado por 31 legisladores de oposición, quienes impugnaron el mecanismo con el cual el gobierno intenta aplicar la gratuidad en la educación superior en 2016.

El TC tendrá a partir de ahora 10 días para adoptar una decisión sobre la inconstitucionalidad del mecanismo propuesto por el gobierno para alcanzar la gratuidad el próximo año.

Se trata de una glosa incluida en el presupuesto para el próximo año, la cual busca beneficiar a 200.000 estudiantes de las familias más vulnerables o de pocos recursos.

El ministro vocero del gobierno chileno, Marcelo Díaz, dijo que la decisión del tribunal "significa que inicia su tramitación de la glosa y luego vendrán los alegatos, y vamos a defender nuestra posición en el TC y seguimos trabajando con el mismo objetivo de asegurar que la gratuidad comience en 2016".

En su petición, los parlamentarios opositores argumentaron que existe una "discriminación arbitraria" por parte del gobierno en los criterios para la gratuidad en las universidades, así como en los requisitos definidos para que las instituciones se sumen al mecanismo.

A pesar de que el proyecto de gratuidad en la educación superior se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, los legisladores de derecha señalaron que "existió poco debate en el Congreso" y proponen que "el pago se transfiera mediante fondos de becas".

Los legisladores opositores rechazaron durante los debates en el Congreso que el Estado ofrezca gratis la educación para los estudiantes de familias pobres, bajo el argumento de que se debe evitar que la educación en Chile siga siendo un negocio.

Según la oposición, hay "incompatibilidad" en entregar financiamiento para una política pública a través de una glosa y no de una ley especial, que puede comenzar a discutirse en las próximas semanas, pero el gobierno necesita ahora la aprobación de esa partida en el presupuesto de 2016.

El próximo 7 de diciembre las instituciones interesadas en este tema deberán presentar sus razones por escrito, en tanto el 10 de diciembre serán presentados los alegatos de los intervinientes y la sentencia final deberá pronunciarse a más tardar el 23 de diciembre.

El gobierno descartó impulsar una "ley corta" para sacar adelante la promesa de campaña de la presidenta Michelle Bachelet, en caso de que el TC finalmente se pronuncie en contra.

El ministro chileno de Hacienda, Rodrigo Valdés, dijo que uno de los escenarios posibles, en caso que se declare inconstitucional la medida, es que los montos destinados a otorgar la gratuidad se focalicen en las 25 casas de estudio del Consejo de Rectores de las Universidades de Chile (Cruch), en su mayoría estatales.

Esto provocó preocupaciones en algunas universidades privadas, las cuales han manifestado interés de ser parte de este beneficio estatal.

El rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, dijo que de ser impugnada la gratuidad, "lo más serio sería suspender su gratuidad".

Por su parte, el rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, dijo que la incertidumbre que plantea este escenario complica que se pueda cumplir el plazo impuesto por el gobierno a las instituciones que se van a acoger a la gratuidad, que es el 22 de diciembre.

El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, se refirió a la política gubernamental de financiar, a través de una glosa presupuestaria el inicio de la gratuidad y al debate que en torno a esta figura en el TC.

Aseguró que el requerimiento presentado por los legisladores de derecha da cuenta de dos formas encontradas de ver el mundo, las cuales conviven en el Chile posterior al régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Además, señaló que en caso de que el requerimiento sea aprobado, es responsabilidad del gobierno y de sus parlamentarios encontrar el modo de aplicar la gratuidad conforme a lo planteado.

Existen muchas voces interesadas en que continúe el sistema de becas, pues de ese modo es el mercado el único regulador del sistema de educación superior", indicó Valle.

"Es evidente que quienes quieran que sigan habiendo sólo becas, lo que quieren es que las instituciones que las reciben, sigan alejadas de la regulación pública para que en Chile persevere la libertad de comercio que hay en educación superior", agregó.