BRASILIA, 7 dic (Xinhua) -- La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, pidió hoy que el Congreso cancele el tradicional receso veraniego con el fin de tratar la solicitud de juicio político (impeachment) en su contra y otros temas prioritarios, como medidas de ajuste fiscal.
Tras recibir en el Palacio de Planalto a un grupo de 30 juristas contrarios al juicio político, Rousseff propuso que los parlamentarios paren sus actividades durante las fiestas de fin de año, pero que retomen los trabajos en enero, y no febrero como estaba previsto.
"En una situación de crisis política y económica como la que vivimos, creo que sería importante que el Congreso fuera convocado. No es correcto que el país permanezca en compás de espera hasta febrero", señaló.
La apertura del proceso de juicio político fue autorizada por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la noche del miércoles.
La polémica decisión fue anunciada por Cunha horas después de que la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) anunciara que votaría en su contra en el Consejo de Ética, donde él sufre un proceso por quiebra del decoro parlamentario que podría resultar en su destitución.
La presidenta anticipó que conversará con el presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB), para intentar convencerlo de convocar al Legislativo en forma extraordinaria.
Con relación a versiones publicadas por la prensa de que el vicepresidente Michel Temer (PMDB) habría tomado distancia de la mandataria tras la solicitud de juicio político, Rousseff ratificó su plena confianza.
"Prefiero tener la posición que siempre tuve con relación al vicepresidente Temer. Él siempre fue extremadamente correcto conmigo y ha sido así. No tengo por qué desconfiar de él ni un milímetro", enfatizó.
Las versiones se basan en el anuncio del ministro de Aviación Civil, Eliseo Padilha (PMDB), uno de los más cercanos a Temer, quien manifestó su intención de dejar al gobierno inmediatamente después de que fuera abierto el proceso de juicio político en la Cámara de Diputados.
Los juristas que se reunieron con Rousseff esta mañana afirmaron que no existe ningún fundamento legal para el juicio político, puesto que no existe ilícito que pueda ser atribuido personalmente a la mandataria.
El pedido de juicio político denunció maniobras fiscales adoptadas por el gobierno el año pasado que no tendrían soporte legal, e incluyó copia de decretos presidenciales firmados por Rousseff este año que, de acuerdo con los solicitantes, reinciden en la prácticas contables irregulares.
Un parecer del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) encontró irregularidades en la transferencia de fondos enviados por la Tesorería Nacional a los bancos públicos en 2014 para cubrir gastos con programas sociales del gobierno.
La maniobra pueden ser considerada una operación de crédito, ya que, en la práctica, los bancos públicos prestaban valores a la unión, lo que está prohibido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
El gobierno rechaza esa evaluación alegando que la práctica ocurrió durante breves períodos, y que termina siendo compensada cuando los bancos reciben los fondos y obtienen saldos positivos.
Esta tarde termina el plazo para que los partidos políticos presenten los nombres de sus representantes en la Comisión Especial que analizará el pedido de juicio político.