Se agregó que el pleno es consciente de que el Estado tiene la obligación de castigar y sancionar todo comportamiento descrito como punible, además de velar y salvaguardar los derechos tanto del imputado como de las víctimas afectadas por las conductas investigadas.
Enseguida se indicó que la función del Estado descrita obliga a la resolución judicial en un término razonable, en el marco del debido proceso.
Se observó que la ausencia del exgobernante impide el desarrollo y culminación del proceso, y que de no atender el pleno a lo señalado se desatendería la obligación constitucional de proteger a los nacionales y extranjeros en su jurisdicción, asegurando la efectividad de los derechos y el cumplimiento de la ley.
Durante el audiencia previa a la toma de la decisión, la defensa de Martinelli insistió en que se estaría violando preceptos internacionales y constitucionales si se ordena una detención provisional sin existir una imputación en este caso.
Desde CD se ha calificado de político el proceso, acusando de estar detrás de él al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, del tradicional Partido Panameñista, y quien asumió el primero de julio de 2014.