Defensoría del Pueblo destaca garantía a derechos humanos de venezolanos en 2015

Actualizado a las 06/04/2016 - 08:49

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La gestión de la Defensoría del Pueblo de Venezuela se destacó por garantizar los derechos humanos de la población en 2015, señaló este martes el defensor del pueblo Tarek William Saab durante su informe anual a la nación.

"Hemos realizado 7.397 acciones en materia de promoción de derechos humanos, lo que representa un aumento del 99 por ciento en comparación con el 2014", precisó Saab durante su comparecencia en la Asamblea Nacional (AN, Congreso unicameral).

El ombudsman venezolano señaló que la Constitución dio a la Defensoría del Pueblo importantes responsabilidades que son atendidas por los 700 funcionarios que la integran, "de los cuales 200 están en el terreno operativo" en las más de 33 oficinas que se encuentran distribuidas en todo el país.

Añadió que el año pasado el organismo ejecutó un total de 72.944 acciones defensoriales, las cuales se dividen en defensa, promoción, divulgación y atención a la población, lo cual representa un incremento de 57 por ciento.

"Establecimos tres resoluciones defensoriales que están en la 'Gaceta Oficial' del año pasado. Colocamos seis grandes ejes estratégicos para llegar de manera efectiva a la gente, la mediación, la defensa, la protección, la educación, la legislación y la querella", detalló Saab.

La Defensoría del Pueblo atendió 39.430 denuncias, quejas y peticiones, equivalentes a un aumento de 40 por ciento en comparación con 2014, lo cual implica además un incremento de 50 por ciento en el número de expedientes abiertos.

"También hicimos el esfuerzo para la resolución de expedientes que estaban abiertos. Recibimos 42.000 expedientes en proceso desde el 2000 al 2014, donde 20.790 expedientes pudieron ser atendidos y resueltos durante el 2015", aseguró.

El defensor del pueblo aprovechó la ocasión para denunciar que el organismo no fue convocado a la "consulta pública" realizada por los diputados de oposición sobre la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.

Saab afirmó que se trata de un instrumento jurídico que legitima la violencia como herramienta política, debido a que es "un mecanismo de impunidad que borra el proceso jurídico en marcha, borra el delito y niega las investigaciones".