El gobierno de Panamá reaccionó hoy frente al escándalo sobre el supuesto uso de sociedades fantasma para ocultar dinero de personalidades a nivel mundial o lavar dinero, ante lo cual anunció la posible adopción de medidas.
Panamá es un "chivo expiatorio" y no descarta la aplicación de medidas de retorsión contra quien le incluya en alguna lista de países no cooperantes para evitar el lavado de dinero, señalaron funcionarios en el anfiteatro del Palacio de las Garzas, sede de gobierno, en la capital del país, tras el escándalo por la investigación "Papeles de Panamá".
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) presentó el pasado domingo los resultados de la investigación sobre el uso de "offshore" (paraísos fiscales), a través del cual personalidades de varios ámbitos en el mundo recurrieron a sociedades creadas por el bufete panameño Mossack y Fonseca.
El gobierno panameño se pronunció también a informaciones internacionales que se refieren a la intención del gobierno francés de incluir a Panamá en la "lista gris" de países no cooperantes del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI).
El ministro de la Presidencia de Panamá, Alvaro Alemán, consideró "curioso" que se la haya dado al informe de la ICIJ el nombre de "Panama Papers", cuando en el mismo se habla de la actuación con sociedades de 21 jurisdicciones distintas.
Alemán observó que el ministro francés de Finanzas, Michel Sapin, hizo este martes declaraciones en el parlamento francés en contra de Panamá y que anunció que su país va a dar de nuevo los pasos para incluir a Panamá en la "lista gris" del GAFI.
Agregó que el secretario general de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), Ange Gurría, hizo también declaraciones en contra de Panamá.
El canciller encargado de Panamá, Luis Miguel Hincapié, señaló por su parte que el gobierno panameño está en conversaciones con el embajador francés Philippe Casenave, y que la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Isabel de Saint Malo, está en contacto también con su homólogo francés Jean Marc Ayrault.
El asesor de la cancillería panameña, Jean Castillero, reiteró que se tiende a centralizar la información en Panamá, cuando realmente es un proveedor de servicios global sujeto a las reglas de cada uno de los lugares en donde presta sus servicios y a las regulaciones de los entes reguladores de cada jurisdicción.
Agregó que hay clientes profesionales de ese proveedor de servicios que también tienen obligaciones de conocer al cliente y de reportar cuando haya sospecha.
Dijo que si se va a incluir a Panamá en una lista, se debe hacer lo mismo con las otras jurisdicciones que forman parte del reporte y cuestionó que se esté juzgando sin hacer las investigaciones del caso.
"En el caso de Panamá o de cualquier otro país que incluya a Panamá en una 'lista gris', el gobierno tiene que analizar a situación y tendrá que tomar una serie de medidas, entre las que pudiesen estar la de adoptar medidas de retorsión contra el país que nos incluya en una 'lista gris'", puntualizó.
El funcionario no descartó que haya alguien detrás de esta información, y con el fin de afectar la imagen de Panamá, aunque no dio detalles.
El ministro panameño de Economía y Finanza, Dulcidio de la Guardia, aseguró por su parte que Panamá no es un paraíso fiscal, al indicar que tres cuartas partes de los ingresos del gobierno del país provienen de impuestos que pagan los panameños o residentes que operan en el país.
Aseguró que cada país es soberano de definir su política fiscal, sin embargo recordó que Panamá ha firmado tratados para evitar la doble tributación que incluyen cláusulas de intercambio de información fiscal.