Condena judicial a campesinos por masacre en Paraguay genera polémica

Actualizado a las 12/07/2016 - 14:54

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Una de las páginas más sangrientas en la historia reciente de Paraguay, la masacre de Curuguaty, que en 2012 generó un terremoto político, cerró su capítulo judicial con la condena de 11 campesinos en un polémico fallo.

Las penas para los labriegos, acusados de matar a seis policías en un incidente que además segó la vida de 11 manifestantes, van de los cuatro a los 30 años.

Desde antes de conocerse el fallo, organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales calificaron de parcial la investigación judicial, debido a que sólo recolectó datos sobre la muerte de los policías.

La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio de 2012 en el desalojo policial del terreno conocido como Marina Cué, en el departamento de Canindeyú (norte), ocupado por los campesinos.

Ese incidente desencadenó un juicio político "sumario" del Senado que días después aprobó la destitución del entonces presidente Fernando Lugo, a quien se le atribuyó la responsabilidad.

CONDENAS

El presidente del Tribunal de Sentencia, Ramón Trinidad Zelaya, junto a los jueces Benito Ramón González y Samuel Silvero, era consciente de las críticas expuestas en este juicio oral y público, cuya sentencia se conoció este lunes en Asunción, la capital paraguaya.

Antes de leer la sentencia aclaró que se llegó a ese veredicto respetando la Constitución Nacional y el Código Procesal Penal.

"Como es de público conocimiento, en torno a este juicio se crearon diversas conjeturas, opiniones, valoraciones, suposiciones y tergiversaciones por diversos sectores de la sociedad", manifestó Zelaya, según los reportes procedentes de Asunción.

El tribunal condenó a los labriegos Rubén Villalba y Luis Olmedo por homicidio doloso agravado, tentado y consumado e invasión de inmueble y asociación criminal, con penas de 30 y 20 años de prisión, respectivamente.

Según la acusación, Villalba portaba una escopeta y fue uno de los responsables de la muerte a tiros del jefe de la operación policial, el subcomisario Erven Lovera.

En tanto, cinco campesinos fueron sentenciados por homicidio doloso agravado, tentado, asociación criminal e invasión de inmueble con penas de seis y hasta 18 años de prisión, mientras otros cuatro recibieron condenas de cuatro años por delitos menores.

La lectura de la sentencia fue interrumpida por los gritos de familiares y activistas sociales en la sala del Palacio de Justicia de Asunción.

Los gritos de "¡Injusticia, injusticia! y los reclamos de "¡Libertad a los presos por luchar!", obligaron al tribunal a convocar a un receso.

PRUEBAS

De acuerdo con informes del diario asunceno "ABC Color", Zelaya respondió con evasivas ante las consultas de los periodistas sobre qué pruebas llevaron a las condenas.

"Hemos juzgado en base a las pruebas que se nos han presentado. Ya no estamos más en la época inquisitiva", se limitó a responder el presidente del Tribunal de Sentencias.

También se le cuestionó por las sentencias de invasión de inmueble cuando el terreno era del Estado.

"Se probó que se invadió con fuerza y clandestinidad la propiedad", argumentó el presidente del tribunal.

Las 2.000 hectáreas de Marina Cué formaban parte de un litigio entre el Estado paraguayo y la familia del fallecido político del oficialista Partido Colorado Blas Riquelme.

Al ser interrogado sobre la pena mayor sobre Villalba, Zelaya dijo que "se probó que era el líder del grupo".

Sobre las razones por las cuales no se investigaron las torturas y persecuciones denunciadas por los campesinos, se limitó a decir que esa tarea corresponde a la Fiscalía.

La sentencia íntegra se leerá el próximo lunes con la descripción de conducta de cada condenado.

RESPUESTAS

La polémica en el proceso estuvo marcada desde la defensa, ya que se presentaron constantes recusaciones que llevaron a aplazar el inicio del juicio oral en al menos 14 ocasiones.

Organizaciones sociales y familiares organizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Asunción, a la vez que una manifestación en el centro de Asunción exigió la libertad de los 11 campesinos por irregularidades en el proceso.

En un comunicado, abogados de los campesinos solicitaron la nulidad del juicio.

"No vamos a descansar hasta que no se sepa qué fue lo que realmente pasó en Curuguaty. El tribunal fue recusado, el juicio debe ser anulado", señalaron los juristas.

Afirmaron que los magistrados "no hicieron caso a la defensa que en su legítimo derecho los ha recusado" y por eso "violaron el código procesal penal".

Uno de los abogados de los campesinos, Víctor Azuaga, denunció que la sentencia fue planificada.

Como respuesta inmediata, casi un centenar de campesinos se lanzó a una ruta en el departamento de Curuguaty para denunciar la parcialidad de los jueces.

"Esto no nos va a amilanar, seguiremos luchando, vamos a seguir manifestándonos por los derechos de los pobres", sostuvo Mario Espínola, uno de los movilizados.

Para el viceministro de Seguridad Interna de Paraguay, Jalil Rachid, "no existen confusiones" y hay suficientes pruebas en contra de los sentenciados.

"Se pretende generar una duda que no existe", lamentó el funcionario.

Zelaya considera que "lo que pasó en Curuguaty es lo que está en la resolución".

Políticos, religiosos, organizaciones gremiales "pueden opinar, pero ellos no estuvieron en la sala de juicios siguiendo cada una de las partes del caso. Los únicos autorizados somos nosotros", agregó en un intento por "cerrar la página" del juicio, sin embargo la polémica sigue y las organizaciones sociales insistirán en el reclamo de un juicio justo.