El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, "debería" dar su mensaje anual sobre la gestión de 2016 desde el órgano legislativo y no a las afueras del hemiciclo, dijo hoy el presidente de la Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, Julio Borges.
"El presidente de la República, Nicolás Maduro, debería venir a rendir la próxima semana su Memoria y Cuenta 2017, y no hacerlo fuera del palacio legislativo", indicó Borges en entrevista al canal privado Globovisión.
Las declaraciones de Borges se dan en medio de la pugna que mantienen los poderes Ejecutivo y Legislativo, este último con mayoría opositora y acusado de incurrir en un presunto "desacato" a dictámenes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la desincorporación de tres diputados opositores.
El último mensaje anual a la nación por parte de Maduro se registró el 15 de enero de 2016, sólo 10 días después de haberse instalado la mayoría opositora en la Asamblea Nacional, tras obtener la victoria en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015.
Aunque el jefe de Estado no se ha pronunciado hasta la fecha sobre el lugar donde rendirá su Memoria y Cuenta 2017, altos representantes de su gobierno han manifestado que desconocen a la Asamblea Nacional por estar supuestamente al margen de la Constitución.
Tras ofrecer juramento el pasado 5 de enero la nueva directiva del órgano legislativo, encabezada por Borges, el vicepresidente Ejecutivo de Venezuela, Tareck El Aissami, aseguró que el "ilegítimo" poder legislativo "no representa al pueblo digno y trabajador que quiere paz".
A su vez, el diputado socialista Héctor Rodríguez, consignó un documento ante el TSJ en el que solicitó "la nulidad, ilegalidad e inconstitucionalidad" de la designación de las nuevas autoridades legislativas, "mientras persista la situación de desacato".
La Asamblea Nacional es señalada por el gobierno de estar al margen de la ley, a pesar de que ésta emitió un comunicado formal sobre la remoción de los tres candidatos legislativos electos en el estado sureño de Amazonas.
El Ejecutivo y el poder judicial de Venezuela exigen que tal desincorporación se realice mediante un acto público, tal cual lo hicieron para la juramentación.