Caso Odebrecht, una "roca" en el zapato de la política peruana

Actualizado a las 23/01/2017 - 10:40

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LIMA, 22 ene (Xinhua) -- El caso de los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht en Perú se ha convertido en una "roca" en el zapato de la política peruana, razón por la cual la ciudadanía demanda esclarecimiento y riguroso castigo a los implicados.

Según la Contraloría General de la República (CGR) se habría detectado un perjuicio económico al Estado por 283 millones de dólares, en la ejecución de obras públicas entre los años 1998-2005.

Entre esos trabajos figuran 23 proyectos por 16.940 millones de dólares, de los cuales fueron auditados por la CGR, 165 de ellos por un valor de 11.271 millones de dólares.

En algunos de ellos se identificó hasta 93 por ciento de incremento en la inversión inicial proyectada, debido a adendas por alza en los costos que se fueron suscribiendo conforme avanzaban las obras.

La detención de un primer sospechoso por acción del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional (PN), en la noche del pasado viernes 20, identificado como Edwin Luyo, presidente del Comité de Licitación de la Línea 1 del Tren Eléctrico (Metro) de Lima, por haber recibido presuntamente un millón 400.000 dólares de Odebrecht, mientras otro está fuera del país desde diciembre pasado, el ex viceministro de Transportes y Comunicaciones (2006-2011), Jorge Cuba, ha remecido a la opinión pública.

De acuerdo con los primeros indicios, la constructora brasileña habría pagado, mediante sobornos, más de ocho millones de dólares para ejecutar la obra; se supone que estarían involucrados otros funcionarios públicos cuyas identidades se mantienen en reserva.

La Odebrecht reconoció en diciembre del año pasado haber hecho pagos ilícitos en varios países de la región, entre ellos haber dispuesto 29 millones de dólares en Perú, señalando que dichas dádivas las hizo para adjudicarse obras públicas entre 2005 y 2014, lo que involucraría a los sucesivos gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El fiscal anticorrupción del MP, Hamilton Castro, firmó un acuerdo reservado con Odebrecht, por el cual ésta se ha comprometido a entregar documentación sólida sobre los "sobornos", y en señal de colaboración con la justicia, se comprometió a hacer un pago de 30 millones de soles (poco más de nueve millones de dólares), posiblemente como un adelanto de futuras sanciones a favor del Estado peruano.

Esto ha generado controversias, pues una Comisión Investigadora del Congreso Nacional (CN) demanda conocer el documento reservado, lo cual rechaza el MP; incluso el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, respondió que desconoce el tenor del acuerdo.

Asimismo, a nivel político, los ex jefes de Estado han declarado que tales pagos ilícitos sean investigados a fondo, y se han autoeximido de culpa alguna, aunque la percepción ciudadana es contraria, y exige no sólo al MP sino también al Poder Judicial que "se vaya hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga", tal como lo demuestran las encuestas, cuyos resultados son adversos a los tres Poderes del Estado.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Duberlí Rodríguez, ha puntualizado que este "caso gigantesco" de corrupción pone a prueba el sistema de justicia peruano; para la opinión pública, en términos generales, se pone a prueba la legitimidad no sólo el sistema judicial, sino también el político.

En ese sentido, los peruanos esperan que las investigaciones se profundicen en Brasil y también en Estados Unidos, y arrojen luces.

Empero, la trágica desaparición del magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF), al caer el avión en que viajaba en la Costa Verde de Río de Janeiro, podría generar un mayor retraso en los procesos abiertos, no sólo en el propio Brasil sino también en otros países.

Por otro lado, el Congreso peruano, instalado en el anterior (2011-2016) y que concluyó con informes contrarios en julio pasado, ha reactivado la denominada Comisión "Lava Jato", ante la cual la Unidad de Investigación Financiera (UIF) ha declarado que se han detectado 251 cuentas bancarias presuntamente vinculadas a "coimas" pagadas por empresas brasileñas.

Las cuentas tienen movimientos no justificados de 1.611 millones de dólares, que involucrarían a 150 funcionarios del gobierno central, gobiernos regionales y municipalidades, así como una veintena de empresas nacionales, entre ellas algunas de "fachada".

En opinión de los medios de comunicación y analistas peruanos, el procedimiento de las empresas brasileñas para obtener licitaciones en Perú formaba una suerte de "cártel" para asumir por turnos las obras.

Cabe señalar que Perú, según cálculos, tiene un déficit de infraestructura que oscila entre los 150.000 y 180.000 millones de dólares, y eso genera entre los peruanos, tomando en cuenta el caso Lava Jato en general y de Odebrecht en particular, la exigencia de tolerancia cero frente a la corrupción.