Brasil ordena a empresas frigoríficas retiro de carne del mercado
RIO VERDE, marzo 24, 2017 (Xinhua) -- Imagen del 23 de marzo de 2017 del ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi (2-d), probando los productos cárnicos dentro de la planta de la empresa brasileña de alimentos Brasil Foods (BRF), en Rio Verde, en el estado de Goiás, Brasil. El ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi, aseguró el jueves que en su país se hacen controles rigurosos que garantizan la calidad de la carne que se vende al exterior e indicó que las investigaciones de la policía, sobre la red que adulteraba la carne antes de ser vendida, no ponen en duda su calidad. (Xinhua/Li Ming)
BRASILIA, 24 mar (Xinhua) -- El gobierno de Brasil ordenó hoy a las empresas frigoríficas Souza Ramos, Transmeat y Peccin, en el estado de Paraná (sur), retirar del mercado las carnes producidas en sus establecimientos en un plazo de cinco días.
"Todos los productos con origen en esos establecimientos deben ser recogidos, con el debido reembolso al consumidor, de aquello que sea restituido en los puestos de venta", informó la Secretaría Nacional de Defesa del Consumidor (Senacom) del Ministerio de Justicia.
Las empresas frigoríficas, que deberán recoger toda la carne enviada y vendida recientemente en el mercado, están incluidas en la lista de los 21 investigados por la Policía Federal (PF), en función de la operación "Carne débil", que ventiló fraudes en la venta de carnes.
La Senacom solicitó además a las empresas JBS, BRF, Peccin, Larissa, Mastercarnes y Souza Ramos que informen los lotes de productos adulterados, o el tipo de adulteración, cantidades, fecha de fabricación y validad de los productos.
"Una vez confirmado cualquier riesgo al consumo humano en razón de las carnes distribuidas, las empresas deben promover la inmediata retirada de los productos de mercado", agregó.
En el caso de los frigoríficos Souza Ramos y Transmeat, la Senacom señaló que existen problemas en el rastreo de los productos, mientras que en el caso de Peccin existe la "sospecha de riesgo a la salud pública o adulteración".