Dirigente oficialista de Venezuela solicita a Fiscalía acción contra opositor Capriles

Actualizado a las 19/05/2017 - 09:28

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CARACAS, 18 may (Xinhua) -- El dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Héctor Rodríguez, solicitó este jueves al Ministerio Público (MP) aplicar "todo el peso de la ley" contra el gobernador opositor del estado Miranda (oeste), Henrique Capriles.

El también diputado oficialista de la Asamblea Nacional (AN, Congreso) responsabilizó a Capriles de los hechos violentos registrados la víspera contra la Maternidad de Carrizal de la entidad, donde supuestos manifestantes colocaron barricadas e incendiaron escombros.

Rodríguez responsabilizó al opositor por lo acontecido en la ciudad mirandina de San Antonio de los Altos, donde han resultado afectados al menos 70 establecimientos comerciales tras los hechos violentos registrados durante los últimos tres días.

"Hacemos responsables a la autoridad regional (Henrique Capriles) y condenamos la situación de terrorismo en la que se encuentran todos los vecinos", subrayó Rodríguez en declaración a periodistas.

Sobre lo ocurrido en la Maternidad de Carrizal, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que fue "sitiada por las bandas armadas de la MUD (coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática)".

"Había un grupo de niños, recién nacidos, que tenían 36 horas sin poder recibir su tratamiento, por culpa de las bandas terroristas de la MUD", dijo el mandatario venezolano.

Por su parte, Capriles denunció hoy que autoridades de migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado de Vargas (centro-norte), retuvieron su pasaporte y le impidieron viajar a Nueva York, Estados Unidos.

De acuerdo con el dos veces candidato presidencial, tenía programado participar en una reunión con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU).

"Mi pasaporte me lo robaron, porque así se puede calificar", aseguró el dirigente opositor.

Capriles fue inhabilitado en abril pasado para ejercer funciones políticas durante 15 años por incurrir en "ilícitos administrativos" durante su gestión como gobernador de Miranda los años 2011, 2012 y el primer trimestre de 2013, según la Contraloría General de la República, lo cual le impide repostularse para gobernar el estado o buscar la presidencia.