Constituyentes venezolanos piden investigar a esposo de ex fiscal general por delitos graves

Actualizado a las 17/08/2017 - 09:46

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CARACAS, 16 ago (Xinhua) -- Integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela denunciaron hoy ante el Ministerio Público (MP, Fiscalía) una presunta red de extorsiones que involucra al esposo de la ex fiscal general, Luisa Ortega.

Diosdado Cabello, constituyente y dirigente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), encabezó la denuncia ante el nuevo fiscal general, Tarek William Saab, a quien entregó documentos "originales" que señalan depósitos superiores a seis millones de dólares.

"Hemos pedido al fiscal general, Tarek William Saab, prioridad a nuestra denuncia sobre una red de extorsión y legitimación de capitales que involucran al diputado Germán Ferrer, esposo de la ex fiscal Luisa Ortega Díaz", precisó Cabello finalizado el encuentro con Saab.

El dirigente del PSUV mencionó la complicidad entre funcionarios del MP con el legislador Ferrer, quienes se dedicaban a "chantajear" a sus víctimas en nombre de la Revolución Bolivariana, entre ellos a empresarios de la Faja Petrolífera del Orinoco (zona industrial-energética de unos 20 mil kilómetros cuadrados).

"Ferrer abrió cuentas en el exterior, algunas junto con fiscales, por mas de seis millones de dólares en una entidad bancaria de Bahamas. "¿Cómo un diputado podría depositar esa suma?", preguntó Cabello mientras enseñaba una copia del documento con las presuntas firmas de los denunciados.

Aclaró que llegó a las pistas luego de recibir denuncias por parte de algunas de las víctimas de la supuesta red de extorsiones.

"El presidente Nicolás Maduro había dado la orden de investigar acuerdos y negocios vinculados a la Faja Petrolífera del Orinoco, de donde surgieron pistas que nos condujeron a esta denuncia", agregó.

Cabello señaló en la lista de denunciados a Gioconda González, ex directora del despacho de Ortega, y a varios fiscales.

El integrante de la ANC pidió a Saab la investigación penal de los presuntos implicados, solicitud de privativa de libertad y, en el caso del diputado Ferrer, allanamiento a la inmunidad parlamentaria, así como el bloqueo de cuentas y bienes, y la prohibición de salida del país.