Por Edgardo Loguercio
BRASILIA, 14 sep (Xinhua) -- La nueva denuncia contra el presidente brasileño, Michel Temer, tendrá que ser avalada por la Cámara de Diputados para abrir un proceso por los delitos de obstrucción a la justicia y asociación ilícita.
Al igual que en la primera denuncia presentada por el procurador general, Rodrigo Janot, contra Temer en mayo, los diputados decidirán si avanza o la frenan, tal como establece la legislación brasileña.
De acuerdo con la Constitución, la denuncia contra Temer sólo podrá ser analizada tras la aceptación de 342 diputados, dos tercios de la Cámara Baja, compuesta por 513 legisladores.
"Admitida la acusación contra el presidente de la República por dos tercios de la Cámara de Diputados, será sometido a juicio ante el Supremo Tribunal Federal, en las infracciones penales comunes, o ante el Senado, en los crímenes de responsabilidad", explica el Artículo 86.
Una denuncia por corrupción pasiva presentada por Janot contra Temer fue rechazada por los diputados a inicios de agosto, con lo que el mandatario sólo será juzgado tras el fin de su mandato, que vence el 31 de diciembre de 2018.
Antes de la votación final en el pleno de la Cámara, la denuncia tiene que pasar por la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), de modo que el trámite legislativo debe demorar varias semanas, con el consiguiente retraso en la votación de importantes reformas por el gobierno.
Según los analistas, el gobierno no tiene asegurado el apoyo que le permitió salir victorioso en la votación anterior, porque algunos de los acuerdos políticos que llevaron a ese resultado no habrían sido cumplidos.
La acusación de obstrucción de justicia presentada hoy se refiere al supuesto aval de Temer para que los ejecutivos del grupo cárnico JBS compraran el silencio del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
La asociación ilícita se refiere a supuestas actividades ilegales del grupo dirigente del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Los ministros jefe de gabinete, Eliseu Padilha, y de la Secretaría General, Moreira Franco, así como el ex ministro Geddel Vieira Lima y los ex diputados Eduardo Cunha, Henrique Eduardo Alves y Rodrigo Rocha Loures, todos del PMDB, también son blanco de la denuncia.
Según Janot, los dirigentes pemedebistas recaudaron más de 587 millones de reales (186 millones de dólares) en sobornos.
Tanto la denuncia presentada en mayo como la elevada este jueves al STF se basan en la delación premiada de los ejecutivos de JBS.
A los elementos que justifican la nueva denuncia se sumaron informaciones contenidas en otra delación premiada, la del cambista Lucio Funaro, quien actuaba como operador financiero del PMDB y especialmente del ex presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
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