
Madrid, 05/03/2018(El Pueblo en Línea)- El 11 de diciembre de 2014, en el marco de la operación El Edén, la Guardia Civil arrestó en la localidad de Collado Villalba al líder de los «miguelianos», Feliciano Miguel Rosendo, y a una de sus personas de mayor confianza, a quien la propia Guardia Civil se refería como «supuesta monja», llamada Marta Paz Alonso, según ABC.
Ella le había acompañado con otros integrantes después de que el obispo de Tui-Vigo, Luis Quinteiro, apartara a Rosendo al tener quejas de su «conducta moral» y percibir en él «comportamientos que se asemejaban al de una secta». En las afueras de Madrid, trataron de seguir con su actividad bajo el nombre de «La Voz de Serviam», pero la archidiócesis de Carlos Osoro tampoco se lo había permitido.
Pese a que los arrestos tuvieron lugar solo un día después de que varias personas que rompieron lazos con la Orden y Mandato de San Miguel y que aún conservaban a varios familiares en su seno, pusieran fin a su silencio al denunciar públicamente supuestos abusos sexuales, físicos y psicológicos, así como enriquecimiento ilícito.
En una rueda de prensa convocada el viernes, el letrado de Marcos García-Montes, abogado de Rosendo, pedía la libertad para su cliente —en prisión provisional desde hace tres años y medio— y anunciaba que presentarán el caso ante el Vaticano. «Nos encontramos en un auto sacramental en el que se quiere poner a Feliciano Miguel el sambenito histórico de la Inquisición», añadía.
Mientras, la mujer del apresado aseguraba que su marido no es «un brujo» ni la Orden «una secta». Unas afirmaciones que difieren radicalmente de las efectuadas por los denunciantes. En 2016, una de las supuestas víctimas describió «los horrores» que vivió durante su pertenencia a la secta, así como las «humillaciones, vejaciones e insultos» de los que fue objeto. Confesó, además, que cuando salió de la asociación «pasó hambre» y que no tenía dinero para mantener a sus dos hijos, una de apenas unos meses de edad. «Salió con una mano delante y otra detrás», indicó su abogada, quien hizo especial hincapié en que a esta joven «la obligaron a cerrar su negocio» y a «vender sus joyas».
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