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(Dos sesiones) Enfoque de China: Nueva ley establecerá red de supervisión contra la corrupción

BEIJING, 4 mar (Xinhua) -- El máximo órgano legislativo nacional de China, que inaugurará el lunes 5 de marzo su sesión anual, debatirá un borrador de ley de supervisión diseñado para sentar las bases legales de un equipo de trabajo actualizado dedicado a la lucha contra la corrupción.

Con la aprobación de la norma se habrá creado una nueva red de supervisión integrada por comisiones dedicadas a esta tarea a nivel nacional, provincial, de ciudad y de distrito, con unos deberes, responsabilidades y protocolos definidos por ley.

En la primera sesión de la XIII Asamblea Popular Nacional (APN), que está a punto de comenzar, está previsto que se cree una comisión de supervisión nacional y que se elija a su jefe y se nombre a los altos funcionarios.

"La reforma del sistema de supervisión de China tiene como objetivo aumentar el liderazgo unificado del Partido sobre las campañas anticorrupción e incluir a todos los funcionarios estatales", explicó el portavoz de la sesión, Zhang Yesui, en una rueda de prensa hoy domingo.

La comisión nacional de supervisión es una institución de lucha contra la corrupción con peculiaridades chinas y el borrador de la ley de supervisión es por naturaleza una legislación contra la corrupción, destacó Zhang.

"Con la nueva ley, el país reunirá los poderes de supervisión que antes estaban divididos y formará un sistema de supervisión estatal centralizado, unificado y eficiente", aseguró el profesor Ma Huaide, vicerrector de la Universidad de Ciencias Políticas y Derecho de China.

A pesar de que la construcción legal e institucional de este nuevo sistema todavía se está completando a nivel nacional, los proyectos piloto puestos en marcha a nivel local han logrado progresos significativos.

Desde noviembre del año pasado las reformas de prueba del sistema de supervisión en Beijing, Shanxi y Zhejiang se han ampliado a todo el país.

Las nuevas comisiones supervisoras, que comparten oficinas y personal con las inspecciones disciplinarias del Partido, incorporan a las agencias de supervisión y prevención y control de la corrupción en los gobiernos y las fiscalías.

En las sesiones legislativas anuales de las asambleas populares provinciales, que concluyeron recientemente, fueron elegidos todos los directores de las comisiones de supervisión provinciales.

El primer cambio importante tras la creación de dichas comisiones es un incremento en el número de funcionarios estatales sujetos de forma efectiva a vigilancia. Los nuevos órganos sitúan a los servidores públicos, el personal de las agencias judiciales, los ejecutivos de las empresas de propiedad estatal y los altos cargos de las instituciones públicas y de las grandes organizaciones bajo una sola red de supervisión.

En Beijing, uno de los tres lugares que implantaron la reforma en primer lugar, el número total de funcionarios bajo supervisión se había incrementado de 210.000 a 997.000 hasta diciembre del año pasado, señaló el responsable de la comisión de supervisión de la capital china, Zhang Shuofu.

En la provincia oriental de Zhejiang y en la septentrional de Shanxi, las otras dos primeras regiones que implantaron la reforma, se registraron aumentos del 83,02 y el 67,5 por ciento, respectivamente.

En torno al 18 por ciento de estos funcionarios no son miembros del Partido Comunista de China (PCCh), según el director de la comisión de Shanxi, Ren Jianhua.

"Una red de tal extensión no deja lagunas y funciona como un importante elemento disuasorio contra la corrupción", destacó el profesor Zhao Lei, de la Escuela del Partido del Comité Central del PCCh.

La reforma proporciona más ventajas institucionales al unificar los sistemas de supervisión del Estado y del Partido.

Alrededor de 770 funcionarios que trabajaban para los departamentos contra la corrupción dependientes de la fiscalía municipal de Beijing fueron trasladados a la comisión de supervisión municipal con la reforma piloto. En lugar de agregar una nueva unidad, fueron destinados a varias diferentes para que trabajen con los inspectores disciplinarios.

"Fueron destinados a diferentes puestos en función de sus capacidades. Esperamos que su experiencia en las agencias judiciales pueda complementar las ventajas de los inspectores disciplinarios del Partido", manifestó un alto funcionario de la comisión municipal de supervisión de Beijing, Liu Yongqiang.

En comparación con los antiguos departamentos del gobierno, que podían investigar e imponer sanciones administrativas, las nuevas comisiones tienen capacidad para incautarse de activos sospechosos, bloquear cuentas bancarias y detener a sospechosos, entre otros recursos.

La reforma no solo da a quienes luchan contra la corrupción más poder, sino que también lo regula. El borrador de la ley de supervisión introduce un nuevo sistema de detención, que está diseñado para sustituir la práctica del "shuanggui", que se aplicaba dentro del Partido por parte de los funcionarios encargados de la disciplina y según la cual un miembro del PCCh que estuviese siendo investigado debía cooperar en los interrogatorios en un lugar y hora determinados.

Se han establecido unos protocolos claros para proteger mejor los derechos personales y sobre las propiedades de quienes sean objeto de investigación, entre los que figuran un límite de detención de tres meses, que se puede duplicar si se dan "circunstancias especiales", y la notificación a los familiares en un plazo de 24 horas.

"Somos muy cautelosos con el uso de este poder", afirmó Liu, quien añadió que se ha implantado un estricto protocolo para determinar si se debe detener a un funcionario sospechoso.

En varios casos, las comisiones de supervisión de distrito de Beijing trataron de completar las investigaciones sin detener a los sospechosos.

La comisión de supervisión, como agencia contra la corrupción unificada dependiente del liderazgo del Partido, es una creación institucional que integra la realidad de China y las prácticas internacionales, aseguró el profesor Ma.

"El nuevo sistema de supervisión actúa como una importante herramienta institucional para poner en práctica la gobernación basada en la ley y modernizar la gobernación del Estado", agregó.