RIO DE JANEIRO, 28 jun (Xinhua) -- La Policía Federal brasileña pidió hoy por tercera vez al Supremo Tribunal Federal (STF) otros 60 días para poder finalizar la investigación contra el presidente del país, Michel Temer, sobre un supuesto soborno recibido a cambio de favorecer una empresa portuaria con un decreto realizado el año pasado.
Según informó la televisión Globonews, el plazo actual para finalizar las investigaciones vence la semana que viene, aunque la Policía Federal pidió extender otros 60 días el plazo, como ya lo hizo en otras dos ocasiones, para poder analizar toda la documentación y material que tiene acumulado sobre el caso.
Las investigaciones empezaron en septiembre del año pasado para averiguar si Temer recibió dinero de la empresa Rodrimar a cambio de firmar un decreto que supuestamente beneficiaría a la compañía, dedicada a la administración portuaria.
En mayo, el juez relator del caso en la Corte Suprema, Luis Roberto Barroso, concedió 60 días a la Policía para finalizar sus investigaciones.
En el marco de las investigaciones se incluye una reforma hecha en la casa de Maristela Temer, la hija del mandatario, y que está bajo sospecha por haberse pagado supuestamente con el dinero de Rodrimar, aunque Temer niega todas las acusaciones.
Suministradores del material de las obras explicaron a la Policía Federal que los pagos se hicieron en efectivo a pedido de la arquitecta Maria Rita Fratezi, mujer del coronel Joao Baptista Lima, íntimo amigo de Temer y sospechoso de haber intermediado en el pago del soborno entre la empresa y el presidente del país.
Las investigaciones se iniciaron tras la polémica delación de los ejecutivos del grupo J&F ante la Justicia, en la que admitieron pagar sobornos a cerca de 2.000 políticos brasileños a cambio de favorecer a las empresas del grupo.
Entre los acusados por los delatores está Michel Temer, quien llegó a ser denunciado dos veces por la Fiscalía, denuncias que fueron rechazadas por la Cámara de Diputados.
Temer también tiene abierta otra investigación por parte de la Policía Federal por haber recibido supuestamente financiación ilegal del grupo Odebrecht para su partido, el Movimiento Democrático Brasileño (MDB), en 2014.