Fiscalía brasileña pide abrir investigación contra juez que decretó dos veces libertad de Lula

Actualizado a las 12/07/2018 - 12:17

Palabras clave：

RIO DE JANEIRO, 11 jul (Xinhua) -- La fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, pidió hoy al Supremo Tribunal de Justicia (STJ) abrir una investigación contra el juez federal Rogério Favreto, quien el domingo concedió dos veces un "habeas corpus" para darle la libertad al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) y que fueron revocadas posteriormente.

Dodge emitió un comunicado en el que acusa a Favreto de "prevaricación" y lo acusa de formar parte de un plan diseñado por el Partido de los Trabajadores (PT), al que estuvo afiliado durante años, para sacar a Lula de prisión.

"La conducta del representado revocaba la orden de arresto de un condenado en segundo grado de jurisdicción, que había sido confirmada en todas las instancias extraordinarias de modo notorio en todo Brasil y en aquel Tribunal Federal Regional de la 4ª región (TRF-4) que la emitió", criticó la fiscal general.

Para Dodge, la actuación de Favreto "revela el estrecho y longevo vínculo (del juez) con el partido político del reo, con su administración y con la administración de otros próceres del mismo partido" y considera que la decisión de conceder el "habeas corpus" "no favoreció a un desconocido, sino a alguien con quien mantuvo un largo historial de servicio y de confianza y que pretendió favorecer".

Favreto, juez del TRF-4 (corte de apelaciones) que estaba de guardia este último domingo, causó una gran batalla judicial al aceptar un pedido de tres diputados federales para conceder la libertad a Lula, del que ordenó su "inmediata" excarcelación.

Su sentencia fue anulada posteriormente por el magistrado Joao Gebran Neto, instructor del caso Lava Jato en el TRF-4, aunque Favreto decretó una nueva orden.

El asunto fue finalmente zanjado por el presidente del tribunal TRF-4, Carlos Thompson Flores, quien determinó que ante el conflicto de competencias valía la decisión de Gebran Neto.

Lula fue condenado en enero en segunda instancia por el TRF-4 a doce años y un mes de prisión acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero, por haber recibido supuestamente un apartamento de la constructora OAS en el litoral de Sao Paulo, a cambio de favorecerla desde el poder.

El exmandatario empezó a cumplir la condena el 7 de abril en Curitiba (sur del país) y desde entonces, su defensa ha presentado varios recursos para lograr su libertad, todos ellos rechazados por las distintas cortes superiores brasileñas.