Cancillería chilena separa de sus cargos a cónsules en Córdoba y Dublín

Actualizado a las 18/12/2018 - 10:08

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SANTIAGO, 17 dic (Xinhua) -- El canciller chileno Roberto Ampuero, instruyó hoy lunes que sean separados de manera "inmediata" de sus funciones los cónsules chilenos en Córdoba, Argentina, y Dublín, Irlanda, Frank Sinclair y Gustavo Cantuarias, respectivamente.

En un comunicado, el ministerio de Relaciones Exteriores de Chile aseguró que "ambos funcionarios son objeto de investigación", luego de que el "Ministerio Público informara que serán enjuiciados próximamente".

De acuerdo con medios chilenos, la Fiscalía pretende formalizar el próximo 11 de enero a los diplomáticos, además de otras tres personas, por tráfico de inmigrantes indios y nepaleses entre 2015 y 2017, delito por el cual podrían permanecer hasta cinco años en la cárcel.

La investigación se extendió por dos años, período en que se registró la entrada a Chile de 228 ciudadanos de India y Nepal, de los cuales al menos 160 aún viven en Chile, mientras otros continuaron un viaje rumbo a Estados Unidos, reseñó hoy lunes la prensa local.

Según lo medios chilenos, Sinclair constituyó, mientras ejercía en la cancillería del país sudamericano, una entidad no certificada y con documentación falsa que facilitaba el intercambio y llegada de migrantes al país sudamericano para capacitarse y luego trabajar en el territorio.

La empresa ofrecía a los extranjeros un servicio que costaba entre 6.500 y 8.000 dólares e incluía alojamiento en hostales de Chile.

Por su parte, Cantuarias ocupaba en esos años el cargo de cónsul en Nueva Delhi, India, y concurrente en Nepal.

El fiscal regional metropolitano de oriente, Manuel Guerra, dijo a periodistas que Catuarias reconoció que emitió certificaciones para permitir obtener visas a ciertas personas que no cumplían con los requisitos de entrada a Chile.

Fueron los mismos extranjeros quienes denunciaron posteriormente la situación, al recibir servicios "de muy baja calidad" en Chile, afirmó la prensa chilena.

La fiscalía chilena también indaga la situación de los inmigrantes que decidieron quedarse en Chile.