BRASILIA, 19 dic (Xinhua) -- El juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, determinó hoy miércoles la libertad de todos los presos que fueron condenados en segunda instancia.
La decisión liminar (decisión provisional) puede beneficiar al ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, preso en la ciudad de Curitiba desde abril pasado, quien tiene recursos pendientes ante los tribunales superiores reclamando la inconstitucionalidad de la prisión antes de que se agoten todas las instancias de apelación.
Lula fue condenado en segunda instancia a 12 años y un mes de prisión por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región por corrupción pasiva y lavado de dinero, y tiene recursos pendientes de análisis en el Tribunal Superior de Justicia y en el STF.
La libertad de los presos no es inmediata, pues los abogados de los detenidos deberán pedir que el juez responsable de la pena efectúe la liberación y cumpla la decisión del magistrado Mello.
La decisión afirma que debe ser respetado el artículo 283 del Código de Proceso Penal, que establece que las prisiones sólo pueden ocurrir después del tránsito en juzgado, es decir, cuando se agoten todos los recursos en el proceso.
Mello determinó una excepción para aquellas prisiones preventivas previstas en el artículo 312 del Código de Proceso Penal, que se refieren a presos peligrosos o cuando es necesario mantener la detención para asegurar el orden público o las investigaciones.
"Concedo la liminar para, reconociendo la armonía, con la Constitución Federal, del artículo 283 del Código de Proceso Penal, determinar la suspensión de ejecución de pena cuya decisión a ser concluida aún no haya transitado en juzgado", señaló el documento.
El texto determinó también "la liberación de aquellos que hayan sido arrestados, ante un examen de apelación, reservándose el recogimiento a los casos verdaderamente encuadrados en el artículo 312 de dicho acto procesal".
Mello concedió la liminar dos días después de que el presidente del STF, Antonio Dias Toffoli, marcara para el 10 de abril de 2019 el juicio sobre el tema.
En esa fecha serán analizados tres recursos que piden que las prisiones tras condenas en segunda instancia estén prohibidas en virtud del principio de la presunción de la inocencia.
El principal argumento de esas acciones es que el artículo 5 de la Constitución define que "nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria".
Desde el 2016, el STF entiende que la prisión después de la condena en segunda instancia es posible, pero las acciones en el tribunal apuntan a cambiar ese entendimiento.