español>>América Latina

ENTREVISTA: Reciente medida de Trump contra Cuba generará conflictos en el sistema judicial norteamericano, advierte experto

LA HABANA, 5 mar (Xinhua) -- La reciente activación de un segmento del Título III de la denominada Ley Helms-Burton por parte de la administración de Donald Trump contra Cuba, generará "grandes conflictos" en el sistema judicial y legal norteamericano, advirtió este martes el analista político caribeño Jesús Arboleya.

En diálogo con Xinhua, el experto en temas internacionales explicó que el hecho de abrir la posibilidad a cualquier ciudadano que haya emigrado desde la isla hacia la nación norteña en la década del 60 del pasado siglo, para reclamar "supuestas propiedades" ante tribunales estadounidenses, resulta un "absurdo".

"Es violatorio de las propias leyes norteamericanas, pues está confiriendo una ciudadanía retroactiva a personas que no eran estadounidenses en el momento en que se produjeron las nacionalizaciones en Cuba y les está dando derecho de reclamación igual que los que sí eran norteamericanos", señaló.

De acuerdo con Arboleya, esta decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, perjudica a los verdaderos querellantes reconocidos por ambas partes, cuyas demandas estaban en proceso de negociación durante la administración de Barack Obama, luego de que Washington rechazó la oferta de indemnización del gobierno cubano a principios del triunfo revolucionario.

Asimismo, opinó el académico, creará problemas a las cortes estadounidenses por tratarse de un tema sin precedentes y "carente de base legal", al no existir forma de verificar y autentificar dichas reclamaciones.

"Realmente la medida tiene más un efecto mediático que legal y práctico. Creo que de esta manera se explica a partir de las políticas de la administración Trump, de su desprecio por el derecho internacional, las propias leyes norteamericanas y la institucionalidad de ese país", afirmó Arboleya.

De igual forma, el investigador cubano manifestó que una futura activación completa del Título III de la Ley Helms-Burton, establecería un conflicto entre Washington y una serie de empresas extranjeras de "países aliados" de Estados Unidos que tienen negocios con la isla, las cuales podrían también ser demandas.

"Indiscutiblemente la administración Trump pasa por una contradicción, pues por un lado está tratando de satisfacer a la extrema derecha cubana liderada por el senador Marco Rubio y por otro lado mantener una relación comercial y económica cordial con estos aliados", indicó Arboleya.

Mientras acotó que algunos Estados han prevenido a la Casa Blanca sobre las implicaciones de esta medida que reconocería el derecho de cualquier ciudadano estadounidense a reclamar propiedades o terrenos en la nación caribeña donde se han edificado instalaciones con inversiones extranjeras.

"Los mismos funcionarios norteamericanos han dicho que no se aplica el Título III en su totalidad porque necesitan de esos aliados europeos, asiáticos o Canadá para mantener presión contra Venezuela", aseveró el especialista en relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Respecto a ese asunto, la víspera, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció que la activación de esta parte del Título III, es la forma en que Washington sanciona a Cuba por "fomentar la represión en Venezuela".

Sobre el mismo tema, el senador republicano Marco Rubio, uno de los promotores del actual distanciamiento entre Washington y La Habana, anunció que este es el primer paso para fustigar al gobierno cubano por sus "crímenes e ilegalidades" que incluyen el apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Declaraciones que, a juicio del doctor en ciencias históricas, Jesús Arboleya, rozan con el "extremismo" y comprometen a Trump a imprimir mayor tensión a las ya "deterioradas" relaciones entre los dos países para así "complacer" a sus seguidores más ultraderechistas.

"El objetivo que a Trump más le interesa son las elecciones del 2020 y captar el apoyo económico de estos sectores de poder cubano en la Florida, que si bien no son un número considerable de votantes, siempre han aportado mucho dinero a las campañas republicanas", afirmó.

Este lunes, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, informó la suspensión por otros 30 días de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton, pero se abrió por primera vez la posibilidad de establecer demandas contra determinadas empresas cubanas bajo este acápite.

Dentro de estas se encuentran entidades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, la Zona Especial de Desarrollo del Mariel y otras relacionadas con el turismo, incluidas todas en la lista del Departamento de Estado publicada el pasado 8 de noviembre de 2017 y actualizada con regularidad desde entonces.

El gobierno cubano considera que el propósito de esta estrategia, es "limitar" el comercio bilateral, los viajes de los norteamericanos a la isla e "impedir" a los ciudadanos de ese país realizar transacciones financieras directas con las empresas señaladas.

La puesta en vigor de esta excepción será el próximo 19 de marzo, fecha en que ciudadanos estadounidenses podrán acudir a tribunales de ese país para entablar procesos y exigir a Cuba compensaciones por las propiedades que en muchos casos abandonaron tras el triunfo de la Revolución.

"La Ley Helms-Burton es absurda, una ley ilegal. No se puede legislar contra el mundo, ni desconocer la soberanía de cada país. Cuba es una nación independiente y soberana, que respeta y exige respeto", escribió hoy el presidente Miguel Díaz-Canel en su cuenta oficial en la red social Twitter.

Promulgada en marzo de 1996 por el entonces mandatario norteamericano Bill Clinton, la llamada Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática es más conocida por los nombres de sus principales promotores, el senador republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el representante por Illinois, Dan Burton.

Desde su entrada en vigor, la Ley Helms-Burton es considerada por Cuba como "ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico", cuya pretensión es "perpetuar el clima de hostilidad política" entre los dos países, "intimidar" a empresarios extranjeros y "perjudicar" el comercio internacional con la isla.

Durante los últimos 23 años, el Título III de esa legislación estuvo congelado y cada seis meses los presientes norteamericanos renovaban su suspensión.

Sin embargo, el pasado 16 de enero, el gobierno de Estados Unidos decidió reducir a 45 días el plazo de dicha detención, con vistas a "realizar una cuidadosa revisión" sobre la pertinencia de aplicar ese título de la ley.

Mediante un mensaje público, Pompeo difundió que tal decisión obedecía al interés de la actual administración de "acelerar una transición hacia la democracia en Cuba" y castigar a la nación caribeña por "su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua".

El Título III establece la autorización a ciudadanos norteamericanos a presentar ante tribunales de ese país demandas contra todo extranjero que "trafique" con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba en la década de 1960 del pasado siglo.

Un proceso calificado como "legítimo" por el gobierno de la isla que contó además con el reconocimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos y con apego al Derecho Internacional.

En aquel momento, todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, contemplaron en ley un compromiso de compensación por parte de Cuba, algo que Washington se negó a admitir, mientras que reclamantes de otros países lo asumieron y disfrutaron de la debida indemnización.