El silencio oficial de parte del gobierno argentino en torno al procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por "cohecho" se mantenía pasado el mediodía del lunes, a más de 48 horas de la medida judicial que afecta al funcionario.
Esta mañana, al comparecer ante la prensa en la Casa de Gobierno, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó que "no" habló con la presidenta Cristina Fernández sobre el procesamiento que pesa sobre Boudou y adujó no ser "abogado penalista" para referirse al tema.
Al mediodía, Fernández encabezó un acto público por la ampliación de la avenida General Paz, vía de importancia neurálgica para el tránsito ya que rodea a la ciudad de Buenos Aires y la divide de la periferia.
"Estamos muy contentos en el día de la fecha" por la obra, señaló la mandataria, que evitó realizar comentarios sobre su segundo, que el viernes a última hora fue procesado por el juez federal Ariel Lijo, quien lo consideró penalmente responsable de la comisión de los delitos de "cohecho y negociaciones incompatibles con su función" cuando era Ministro de Economía.
La decisión judicial convirtió a Boudou en el primero de los vicepresidentes argentinos en funciones en ser procesado por la comisión de un acto de corrupción y provocó el unánime pedido de la oposición para que abandone el cargo que ocupa desde diciembre de 2011.
Junto con Amado Boudou también fueron procesados los empresarios José María Núñez Carmona, Alejandro Vanderbroele, Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick y el ex jefe de asesores de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, organismo de impuestos y aduanas), Rafael Resnick Brenner.
El juez Lijo consideró en un fallo de 333 carillas que Boudou aceptó como soborno el 70 por ciento de las acciones de la empresa Ciccone Calcográfica con el objeto de hacer negocios para sí y que, para ello, hizo todo lo necesario para evitar que fuera declarada en quiebra, como lo solicitara a la Justicia la AFIP por deudas fiscales.
Los delitos por los que se procesó al vicepresidente (cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública) son castigados en el Código Penal argentino con una pena máxima de hasta seis años de cárcel.
"Respecto a esta cuestión, no hemos tenido diálogo (con la Presidenta) porque trabajamos en temas de agenda sobre la complejidad de la causa judicial respecto a los fondos buitre. Es el trabajo que nos corresponde hacer", respondió Capitanich cuando fue consultado por la prensa al respecto.
El funcionario agregó: "En mi carácter de jefe de Gabinete, no soy abogado penalista para opinar sobre la situación procesal o la decisión de un juez".
Al margen de este comentario de Capitanich, ningún otro funcionario del gobierno se refirió a la cuestión.
El juez Lijo consideró que Boudou perpetró sus acciones junto con su socio comercial y amigo desde la infancia, José María Núñez Carmona y que, para ello, se valió del contador Alejandro Vanderbroele a quien colocó como testaferro.
Por su parte, los empresarios Ciccone y Reinwick, yerno del anterior, en la resolución judicial son procesados por haber ofrecido a Boudou el 70 por ciento de sus acciones como coima para salvar la firma de la quiebra que solicitara judicialmente la AFIP, lo que tipifica el delito de "cohecho activo" porque fueron los que ofrecieron el soborno.
Asimismo, el magistrado también procesó al ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, a quien consideró como "partícipe necesario" para facilitar la comisión de los delitos mencionados ya que fue quien facilitó un plan de pagos de la deuda fiscal de la empresa Ciccone para que la operación de traspado del 70 por ciento de las acciones de la firma para que Boudou pudiera concretarse.
La resolución del juez Lijo se produjo cuando el vicepresidente estaba en misión oficial en Cuba y Panamá donde representa a la presidenta Fernández.
La medida judicial sobre Boudou generó la inmediata reacción de la oposición, que reclamó que el vicepresidente deje el cargo.
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