La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, advirtió hoy que la práctica peligrosa de la vigilancia digital masiva debe estar sujeta a revisiones y valoraciones independientes.
De acuerdo con un informe publicado por la oficina de Pillay, una falta de transparencia "perturbadora" se ha presenciado en las políticas y prácticas de vigilancia gubernamental "incluidas las compañías del sector privado para ofrecer acceso abrumador a la información y datos relacionados con individuos privados sin el conocimiento o consentimiento de éstos".
La comisionada dijo que el flujo constante de nuevas revelaciones muestra qué tan poco sabe la gente realmente acerca de la naturaleza precisa de la vigilancia, y hasta dónde se están violando los derechos humanos de la gente.
El informe, titulado "El derecho a la privacidad en la era digital" advierte que la vigilancia gubernamental masiva está "surgiendo como un hábito peligroso en lugar de como una medida excepcional" y que las prácticas en muchas ocasiones revelan "una falta de una legislación o aplicación nacional adecuada, garantías de procedimientos endebles y una supervisión ineficaz".
La jefa de derechos humanos de la ONU enfatizó que la existencia misma de un programa de vigilancia masiva crea una interferencia con la privacidad.
"Es responsabilidad del Estado demostrar que esa interferencia no es ni arbitraria ni ilegal", dijo Pillay.
El informe indica que mientras que la participación judicial puede ayudar a valorar si esa vigilancia cumple con los estándares requeridos por la ley internacional de derechos humanos, "la participación judicial en la supervisión no debe ser considerada como una panacea".
El documento pide a los países establecer instituciones independientes para supervisar esa vigilancia.
El informe enfatiza que cuando se lleva a cabo de acuerdo a la ley, incluida la ley internacional de derechos humanos, la vigilancia de datos de comunicaciones electrónicas puede ser necesaria y efectiva para la aplicación legítima de la ley o de objetivos de inteligencia.
Sobre el papel del sector privado, el informe señala la evidencia sólida de una dependencia creciente por parte de los gobiernos en el sector privado para llevar a cabo y facilitar la vigilancia digital.
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