Gobierno de Evo Morales denuncia conspiración desde Tribunal Constitucional

Actualizado a las 31/07/2014 - 08:52

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El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, denunció hoy que el Estado boliviano fue blanco de una conspiración legal que puede paralizar su funcionamiento por la decisión de dos magistradas de suspender la Ley del Notariado.

Las magistradas Soraida Chánez y Ligia Velásquez, ambas de la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitieron una demanda de inconstitucionalidad sobre la Ley del Notariado, una medida que les valió la separación de sus cargos.

"El Estado en su conjunto fue objeto de un ataque sin precedentes, de una conspiración legal desde el Tribunal Constitucional que puede llevar a la parálisis del funcionamiento de ministerios, de municipios y empresas estatales", dijo el vicepresidente boliviano.

Consideró "inconcebible" el daño económico al Estado y el daño jurídico, lo que constituye "un abuso".

García Linera justificó en consecuencia la decisión de la Cámara de Diputados de suspender a dos magistradas del TCP y autorizar el juicio de responsabilidades para quienes atentaron contra el ordenamiento jurídico y administrativo del Estado boliviano.

Señaló que si se deja pasar este hecho, a futuro "tranquilamente" con una demanda de inconstitucionalidad se podrá afectar la institucionalidad de todo el Estado boliviano.

Dijo que ambas magistradas, hoy suspendidas de sus cargos, cometieron una "aberración jurídica" al dictar un auto de suspensión de la Ley del Notariado al momento de admitir la demanda.

"Son un peligro, un auténtico peligro para Bolivia porque si aceptamos esto cualquier persona puede parar ministerios, gobernaciones, empresas y Bolivia se derrumba por eso es el juicio", afirmó.

García Linera demandó al TCP una enmienda para reponer la norma y detener el daño que está sufriendo la población, que en "una buena ley", la del Notariado, tenía muchas posibilidades de realizar distintos trámites.

Tras la suspensión de dos magistradas y la instauración de un juicio de responsabilidades en contra de ellas, el TCP advirtió que esta institución está en crisis y que se vulnera el Estado de derecho.

"Lo único que hicieron las dos magistradas fue cumplir con sus tareas jurisdiccionales, sobre todo de beneficio a sectores sociales, ya que el trabajo de los notarios es vinculado con el pueblo", dijo el presidente del TCP, Efrén Choque, en Sucre (sur).

"Entendemos que se vulneró el Estado de derecho constitucional de este tribunal y el principio de seguridad jurídica", añadió Choque.

Manifestó que por la decisión asumida por los asambleístas, el martes fue un "día negro" para el Tribunal y la justicia constitucional, por lo ratificó que existe "una crisis institucional que afecta en la estabilidad".

La Cámara de Diputados aprobó el lunes a la noche por mayoría el proyecto de proposición acusatoria en contra de las magistradas Chánez y Velásquez, ambas de la Comisión de Admisión del TCP.

La acción abrió el primer juicio de responsabilidades contra jueces electos por voto popular en 2011.